En reunión sostenida el día lunes 23 de mayo la mesa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Calidad del Gasto Público en Infraestructura definió que las siguientes reformas son importantes para garantizar la calidad del gasto público:

Erradicar la Discrecionalidad en las contrataciones a través de:

1. Ley que regule los Fideicomisos constituidos con fondos públicos.
2. Ley que prohíba la utilización de ONGs como intermediarias en la contratación de obra pública y compra de insumos.
3. Que los Ingresos como los que provienen de las regalías de la minería y FONPETROL ingresen por medio del Ministerio de Finanzas Pública, se registren en la contabilidad del Estado y su ejecución se lleve a cabo siguiendo los procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado.
4. Obligatoriedad de Registrar toda la obra pública, incluyendo las de las Municipalidades y Consejos de Desarrollo en el Registro Nacional de Inversión Pública.
5. Obligatoriedad de Registrar la Obra Pública en el Registro Nacional de la Propiedad como Bienes del Estado.
6. Revisar el procedimiento para dar de baja bienes del Estado y hacer las reformas que sean necesarias para garantizar los adecuados controles.
7. Mejorar los mecanismos de Registro de Empresas Pre Calificadas y conformar un Centro de Validación de Empresas Pre Calificadas. Incluir la obligación de que las empresas entreguen  los mismos estados financieros auditados y los balances que entregan a la Súper Intendencia de Administración Tributaria, y solicitar a la SAT su verificación, siempre dentro del marco de la Constitución Política de la República y de las leyes específicas.
8. Mejorar los mecanismos y criterios de Registro de Empresas supervisoras y profesionales para los casos de asesorías.
9. Mejorar los mecanismos y criterios de para el registro de todos los  proveedores del Estado. 

10. Realizar un Catálogo de Proveedores y que este catálogo recoja la información de los Registro de Precalificados.  El catálogo debe ser incluido en Guatecompras.

11. Dejar en el ordenamiento jurídico incluidas las Constancias de Disponibilidad Presupuestaria. En la Ley Orgánica del Presupuesto.

12. Desarrollar el mecanismo de Registro de Obras Multianuales.

13. Publicación y Actualización de los Precios de Referencia. Esta publicación debe incluirse en el portal de Guatecompras.

14. Obligación de continuidad de las obras.

15. Derecho de turno para el pago de proveedores, con el propósito de ordenar los procesos de pago y evitar las presiones políticas y la corrupción.   

16. Integración de SNIP, Guatecompras, SICOIN y SIAF.

17. Todas las contrataciones del Estado deberán hacerse con empresas Pre calificadas.

18. Normas de calidad.

19. Fortalecimiento de la UCEE para la obra pública educativa y de salud.

Estas recomendaciones incluyen las de otras mesas de trabajo.  Así mismo se mencionó la necesidad de analizar si es procedente o no desarrollar una Ley Marco de Infraestructura Pública para establecer criterios de coordinación planificación, control de calidad y ejecución entre diferentes entidades del Estado.

En la reunión fueron presentados los primeros avances de la mesa técnica conformada entre el Ministerio de Comunicaciones y la SAT para mejorar los mecanismos de verificación de los estados financieros y garantizar así no sólo la capacidad financiera de las empresas que desarrollan obra pública sino también erradicar la posibilidad de contrataciones con las denominadas “empresas de cartón”.

Dentro de los avances se presentó la propuesta de una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado y de su reglamento, la cual fue considerada procedente e importante por los miembros de la mesa.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda presentó el informe actualizado de la deuda al 30 de abril del 2011, la misma asciende a Q 2,991M, estando pendiente todavía la determinación de la deuda que corresponde a la atención de la emergencia de la tormenta Agatha. Para este caso los participantes de la mesa manifestaron que si bien corresponde a la Junta Monetaria y al  Ministerio de Finanzas Públicas emitir los dictámenes correspondientes a los aspectos financieros y macroeconómicos, es importante que se conserven como imperativos los mecanismos de transparencia discutidos por la mesa los cuales son los siguientes: Que sean bonos nominativos  con un registro previo en el Sistema Nacional de Inversión Pública, que el registro no sea  únicamente por empresa sino por proyecto y que el Ministerio de Comunicaciones elabore el listado a ser aprobado conjuntamente con los bonos por parte del Ministerio.,

Los controles mencionados anteriormente evitarían que los recursos se vayan con otro destino, a obra nueva o bien a contrataciones vinculadas con la campaña política.

El Viceministro de Finanzas Públicas manifestó que por requerimiento del Fondo Monetario Internacional todos los pagos de la denominada deuda flotante deberán ser auditados por una empresa internacional. El proceso de licitación para la contratación de esta empresa ya está en marcha esperando que la primera semana del mes de junio se lleve a cabo la adjudicación correspondiente.

Finalmente se presentó el listado de los compromisos contractuales del Ministerio que actualmente no cuentan con respaldo presupuestario.  Estos compromisos ascienden a la cantidad de Q 10,783,275 M. Estos compromisos deberán ser revisados por la empresa auditora internacional como parte de los controles y auditorias que debe llevar a cabo el Ministerio de Finanzas Públicas.

La Mesa le solicitó a la Contraloría General de Cuentas que proceda a realizar todas las acciones de fiscalización que correspondan a la deuda y los contratos mencionados y que se deslinden las responsabilidades que correspondan.

Para conocer mayores detalles acerca de las políticas públicas que tiene la administración para reducir los índices de desnutrición en el país, que en promedio nacional alcanzó el 49.8 por ciento, diputados y miembros de la sociedad civil que integran la Mesa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Calidad del Gasto Público en Salud, citó a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional Lily Caravantes, el viernes 20 de mayo.

Todos los integrantes de la Mesa vieron con preocupación que existe un diagnóstico de la desnutrición  crónica y aguda en los diferentes municipios del país, sin embargo no existe una metodología de trabajo que permita evaluar la implementación de los programas de atención que llevan a cabo las diferentes entidades del Gobierno.

Si bien más de 20 instituciones gubernamentales desarrollan programas y proyectos que en teoría tienen que orientarse a las áreas con mayores programas de pobreza, pobreza extrema y desnutrición no se elaboran programas operativos anuales interinstitucionales que permitan dar seguimiento a estos programas y lo que es más importante que eviten que los proyectos se orienten a otras comunidades con menor vulnerabilidad.

Una de las debilidades que se han identificado en la Ley de Seguridad Alimentaria es que no está claramente definida la obligación de las instituciones de llevar a cabo los programas atendiendo a los grupos objetivo que define la Secretaría de Seguridad Alimentaria. Por lo anterior se analizaran en la mesa reformas a dicha Ley.

Se insistió en la mesa en la necesidad  de abordar el problema de  abordar el problema de manera integral, ya que el problema está vinculado a analfabetismo, pobreza, falta de empleo y de medios de producción de alimentos.

En la segunda parte de la reunión se inició el trabajo de análisis de la Iniciativa 4216 de Ley de Cobertura Universal y Financiamiento para la Atención Integral de la  Salud, y se propusieron varios cambios orientados a evitar posibles inconstitucionalidades ya que en el dictamen se otorgan obligaciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que riñen con lo establecido en la Carta Magna y con la autonomía de esta institución.

En  la próxima reunión  que se llevará a cabo el viernes 27 de mayo se revisarán todos los artículos del Dictamen para, si es necesario, mejorar la redacción para que no exista ninguna duda con relación a la no privatización de los servicios de salud y que la misma responda al espíritu de la iniciativa original  que es alcanzar el objetivo de una cobertura con calidad para todas las personas y a nivel nacional.

En reunión celebrada el 12 de mayo, los integrantes de la Mesa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Calidad del Gasto Público en el área de vivienda, llegaron a la conclusión de que es  importante impulsar la aprobación de la Iniciativa de Ley 3869, Ley de Vivienda presentada al Congreso de la República por la Universidad de San Carlos y que luego de una amplia discusión con todos los sectores involucrados la Comisión de Vivienda le dio un dictamen favorable, ya que su contenido es integral y puede contribuir de manera significativa a reducir el déficit habitacional de Guatemala.

Además de lo anterior, se consideró importante proponer algunas enmiendas para mejorar la redacción y sobre todo para fortalecer su contenido, conservando el espíritu original de la misma, ya que lo que se busca es  que los guatemaltecos tengan acceso a una vivienda digna.

Para lograr este objetivo  se analizan tres reformas mínimas  para fortalecer lo que será el Fondo para la Vivienda, considerando no solo la vivienda, sino también los terrenos que tienen que ser adquiridos por los pobladores orientando el esfuerzo para que haya una mayor facilidad de adquisición de una vivienda digna y reducir el déficit habitacional.

Se acordó que las enmiendas se presentarán en la siguiente reunión y que en la redacción de las mismas participarán todos los miembros de la mesa incluyendo los integrantes del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas FHA, para garantizar que se cumple con lo establecido en la Constitución y las leyes específicas.

Para ver la iniciativa y el dictamen:

Dictamen de la ley de Vivienda

3869 LEY DE VIVIENDA

Diputados y miembros de la sociedad civil que integran la Mesa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Gasto Social de la Reforma Legal, acordaron la instalación de una mesa técnica para el estudio y análisis de las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que tienen como fin el fortalecimiento de la fiscalización.

La decisión fue asumida durante la sesión del miércoles en la que participó la Contralora General de Cuentas, Nora Segura, quien a través de una presentación expuso las observaciones y comentarios que han realizado como ente fiscalizador ante las modificaciones que el Congreso de la República estudia.

Los integrantes de la Mesa coincidieron en la importancia de llevar a cabo reformas que fortalezcan la fiscalización y el establecimiento de mecanismos para que en caso de hallazgos administrativos se cumpla con la aplicación de las sanciones correspondientes y que en caso de incumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado se sancione a los funcionarios como lo establece dicha Ley, es decir con multas correspondientes a un porcentaje de los contratos que se hayan firmado y no como sanciones administrativas.  Si lo anterior no se cumple no hay mecanismos coercitivos que contribuyan al cumplimiento de la Ley.

 Así mismo se plantearon los problemas que existen en el caso de las denuncias que se presentan en lo Contencioso Administrativo debido a que se vuelven procesos demasiado largos y en muchos casos no  hay un efectivo resarcimiento al Estado en casos de malversación o peculado.

Así mismo se dieron coincidencias en la importancia de revisar el régimen sancionatorio a funcionarios públicos de forma integral, ya que hay casos en los que habiendo pruebas de la comisión de un delito, los jueces han llegado a determinar que la sanción pecuniaria es la que corresponde.

En cuanto a los casos de los llamados “pliegos de cargos” que son los que corresponden a la no existencia de respaldo de gastos realizados se estableció que es necesario que se revisen los procedimientos para proceder a la presentación de denuncias penales desde el primer momento.

Otro aspecto en el que hubo coincidencia es en la importancia de  erradicar las contrataciones de obra pública y la adquisición de insumos por medio de Organizaciones No Gubernamentales por los altos costos de intermediación, por la poca o nula calidad de la obra pública y por las dificultades que se presentan en la fiscalización e incluso en la auditoria social.

La mesa técnica iniciará su trabajo de revisión de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas la primera semana del mes de junio.

El 11 de mayo los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia integrada por diputados y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el diputado Roberto Alejos y el Presidente de la Comisión de Finanzas, diputado Ovidio Monzón. El objetivo de la reunión fue manifestar su preocupación por la grave situación de la falta de recursos financieros de las instituciones que conforman el Sector Justicia: Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Procuraduría General de la Nación y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

En esta reunión el Presidente de la Comisión de Finanzas hizo entrega de un proyecto de ampliación presupuestaria, habiendo manifestado los participantes de la Mesa que era importante incluir una ampliación presupuestaria tanto para la Corte de Constitucionalidad como para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, instituciones que no estaban contempladas en dicho proyecto.  Así mismo manifestaron su preocupación porque en los  casos de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público no se contempla la ampliación presupuestaria solicitada por el Presidente de la Corte y por la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público respectivamente. Lo mismo sucede para el caso de la Procuraduría General de la Nación.

Los integrantes de la mesa indicaron que el sector justicia debe verse como un sistema al que hay que fortalecer en forma integral ya que sus funciones están íntimamente relacionadas unas con otras.  Así mismo hicieron énfasis en la importancia de que el Congreso de la República cuando apruebe leyes que tengan implicaciones en el funcionamiento del sector justicia haga un análisis de los impactos financieros de cada una de esas leyes para dotar al sistema de los recursos necesarios para poder responder en forma adecuada.

El Presidente de la Comisión de Finanzas Púbicas y Moneda se comprometió a revisar el proyecto de ampliación para incorporar a la Corte  de Constitucionalidad y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y a revisar las ampliaciones de las otras instituciones que conforman el Sector Justicia.

Varios miembros de la Mesa preguntaron  si existía alguna solicitud de ampliación del techo presupuestario por parte del Ministerio de Gobernación y el Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, Diputado Ovidio Monzón confirmó que el Ministro Carlos Menocal le había manifestado que no requería ninguna ampliación, frente a esta situación los miembros de la Mesa manifestaron sorpresa en virtud de que en varias reuniones se ha afirmado por parte de las autoridades de este Ministerio que no se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de modernización y fortalecimiento de la Policía Nacional Civil. 

Finalmente los integrantes de la Mesa reiteraron que para hacer frente a la situación de inseguridad provocada por la delincuencia común y el crimen organizado es importante que se prioricen los recursos para las entidades que conforman el sector de seguridad y justicia.