MESAS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

El manejo y ejecución de las contrataciones del sector público influencian en gran parte la confianza del ciudadano hacia el gobierno y por lo tanto debilitan o fortalecen la democracia.

Dado su origen en el patrimonio público y su finalidad dirigida a la satisfacción de necesidades de interés general todas las actividades en torno a las cuales se desenvuelve la contratación pública deben estar debidamente reguladas.  En la contratación estatal el espacio para la discrecionalidad no debe existir.

Considerando el altísimo nivel de discrecionalidad que se observa en los proceso de contratación en Guatemala y que se evidencia en el siguiente cuadro, Diputados y diputadas como representantes del pueblo de Guatemala y cumpliendo con su función de control político y de legislar convergen con miembros de la sociedad civil y tomadores de decisión para impulsar  los cambios legales que son necesarios para fortalecer  las instituciones y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto público.

Se conformaron cuatro mesas de trabajo en el mes de abril, para tratar los temas relevantes de la calidad del gasto público en las áreas de salud, educación, infraestructura y vivienda y seguridad y justicia, además de una quinta mesa cuyo trabajo se centró en analizar las reformas legales que son necesarias para estructurar  una agenda legislativa que esté orientada a la erradicación de la discrecionalidad y a garantizar mecanismos transparentes de contratación. Las mesas entregaron el pasado 19 de septiembre al Presidente del Congreso los resultados del diagnóstico que llevaron a cabo y las conclusiones y recomendaciones que es necesario impulsar.

Los integrantes de las mesas consideran que dado su origen en el patrimonio público y las finalidades del presupuesto que están dirigidas a la satisfacción de las necesidades de la población, especialmente la que vive en situación de pobreza y pobreza extrema, a mejorar las condiciones de competitividad y a elevar el nivel de desarrollo humano, todas las actividades relacionadas con las contrataciones públicas deben estar debidamente reguladas.  En la contratación estatal  no debe haber espacio para la discrecionalidad.

Además de lo anterior, en la contratación pública deben prevalecer los intereses colectivos sobre los intereses particulares lo que hace imprescindible la observancia de principios tales como la publicidad, la imparcialidad y la eficacia. La garantía del cumplimiento de estos principios son los concursos públicos, las licitaciones y la adecuada regulación de los casos de excepción.

El monto de la contratación pública en Guatemala alcanza alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, lo que representa un impacto importante tanto desde el punto de vista de la gestión estatal como desde la perspectiva de la economía nacional, por esta razón la honestidad y la pulcritud de los procesos son un  imperativo.

Por otro lado, la discrecionalidad en las adjudicaciones de los contratos públicos sólo conduce a la baja calidad del gasto público, a la corrupción y al enriquecimiento ilícito de  funcionarios públicos. Cuando existen espacios para la discrecionalidad también existen espacios para las presiones políticas que buscan contratos como una forma de pago de favores y de compromisos adquiridos durante las campañas electorales y como moneda de cambio para la aprobación de iniciativas de ley y de presupuestos desde el Congreso de la República.

En los últimos años en Guatemala la discrecionalidad en la contratación pública alcanzó niveles alarmantes,  como ya se mencionó anteriormente, en el año 2009, de acuerdo a un informe presentado por el propio Ministerio de Finanzas Públicas, el 84% de las contrataciones del Gobierno se llevaron a cabo sin respetar los procesos y procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y en el año 2010, de acuerdo a información de Acción Ciudadana, Capítulo Guatemalteco de Transparencia Internacional, los niveles de discrecionalidad alcanzaron un 90%.

Los mecanismos que se utilizan con mayor frecuencia para eludir los concursos públicos son la firma de Convenios con Organizaciones  No Gubernamentales y la utilización de Fideicomisos Constituidos con Fondos Públicos.

El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se incrementó en más de Q14,000,000,000 (Catorce mil millones de Quetzales) con respecto al presupuesto del Gobierno anterior, sin embargo este incremento no se reflejó en mejores condiciones de vida para los guatemaltecos y guatemaltecas, lo que pone en evidencia que no se debe pensar únicamente en incrementar los ingresos del Estado sino también y con sentido de urgencia en mejorar la calidad del gasto público.

El resultado del trabajo de todos los participantes es un documento que contiene un análisis de la situación actual y una serie de conclusiones y recomendaciones entre las cuales es importante destacar las siguientes: Es urgente, erradicar la discrecionalidad en el gasto público, establecer los mecanismo necesarios para la elaboración de un presupuesto con objetivos claros de forma que se puedan medir y evaluar los resultados en cada área, fortalecer los mecanismos de descentralización, mejorar la precalificación de los proveedores del Estado, establecer mecanismos que estén orientados al ordenamiento de los pagos a los proveedores, Incorporar el principio de austeridad en la ejecución del presupuesto y definir  procedimientos  claros para los proceso de contratación para los casos de excepción y de emergencia.

Además de lo anterior es importante mencionar que en todas las mesas se consideró necesario fortalecer el papel de fiscalización de la Contraloría General de Cuentas que no actúa de la forma que le ordena la Constitución Política de la República y la Ley que la rige en casos de flagrante violación de lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, en la Ley de Contrataciones del Estado  lo que contribuye a la impunidad y a la recurrencia de la comisión de faltas e incluso de delitos que favorecen la corrupción y atentan contra la calidad del gasto público.

Si bien dentro de la erradicación de la discrecionalidad en la contratación pública se mencionó como una de las prioridades la prohibición de llevar a cabo contrataciones de obras públicas y la compra de insumos a través de Organizaciones No Gubernamentales, igual importancia tuvo la urgente necesidad de regular los fideicomisos constituidos con fondos públicos. Esta figura que está regulada en el Código de Comercio ha sido utilizada en forma sistemática no sólo para eludir la Ley de Contrataciones del Estado sino también para adquirir compromisos contractuales sin crédito presupuestario.

La discrecionalidad y la falta de controles también ha dejado espacios abiertos para que los funcionarios públicos adquieran compromisos sin las correspondientes partidas presupuestarias, como un ejemplo, sólo en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en los últimos años el monto de estos compromisos alcanza a más de Q 11,000,000,000 (Once Mil Millones de Quetzales).

Pero además de la discrecionalidad, la adquisición de una deuda a todas luces ilegal hay otro fenómeno que puede apreciarse en la obra pública y es la falta de registro y continuidad de la misma.  Es frecuente encontrar contratos suscritos con una antigüedad mayor a los cuatro años que tienen una ejecución no superior al 10%, siendo obras que fueron abandonadas por haber sido sustituidas por otras contrataciones, en la mayoría de los casos por presiones de tipo político.

Así mismo, se identificaron en las contrataciones llevadas a cabo a través de Organizaciones No Gubernamentales altos costos de intermediación, ausencia de especificaciones técnicas, ausencias de control de los avances financieros y físicos y conflictos de interés.  Los costos de intermediación en muchos casos se vieron incrementados por contrataciones realizadas por los Fideicomisos a través de Organizaciones No Gubernamentales.

Si bien en las Leyes Generas de Ingresos y Egresos del Estado de los últimos años  han incorporado normas presupuestarias que prohíben la utilización de Organizaciones No Gubernamentales esta normativa no sólo no se respeta sino que no se ha incluido en la misma a las Municipalidades  y  Consejos de Desarrollo que ejecutan alrededor del 45% del presupuesto total de inversión.

En materia de seguridad, con frecuencia se hacen acusaciones de corrupción y falta de transparencia en las adquisiciones realizadas por el Ministerio de la Defensa y por el Ministerio de Gobernación a través  de los casos de excepción. Sólo en los tres últimos años fueron denunciados y se encuentran en proceso penal cuatro casos de corrupción en la compra de combustible, materiales, armas e insumos para la Policía Nacional Civil y la construcción de una cárcel de máxima seguridad.

Además de lo anterior, han sido reiteradamente cuestionadas las adquisiciones que se hacen utilizando la Industria Militar por falta de transparencia sobre costos y la utilización de esta empresa estatal como  intermediaria para la adquisición de alimentos e insumos a través de terceros.

Esta   iniciativa de Ley busca  garantizar la transparencia y la calidad del gasto público a través de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de Contrataciones del Estado, Ley del Organismo Ejecutivo y Ley de Organizaciones No Gubernamentales.

Estas reformas tienen su fundamento en la Constitución Política de la República y en la Convención Interamericana contra la Corrupción de la cual Guatemala es parte y contiene mayoritariamente normativa de carácter penal y penal internacional, pero también contiene una serie de normas en materia administrativa que deben ser complementarias a las penales. En materia administrativa regula al: i) al funcionario público puesto que lo obliga a un desempeño correcto, honorable y adecuado de sus funciones; obliga a publicitar sus declaraciones de ingresos, activos y pasivos; y obliga a crear mecanismos que hagan efectivas las normas que regulan las conductas de los funcionarios públicos; ii) el sistema de contrataciones del estado deberá seguir los principios de publicidad, equidad y eficiencia, esto con el fin de proteger los recursos del estado y eliminar la discrecionalidad;  y iii) creación de órganos de control superior para  prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas corruptas, entre otros.

La adaptación programática de estas normas de derecho internacional es una obligación que tiene el Estado de Guatemala frente a la comunidad internacional y frente a los guatemaltecos ya que de no adaptarse debilitará cada vez más al Estado.

Dentro de los principios que la Convención contempla está el de austeridad, es por eso que se prohíben de forma terminante los gastos superfluos o innecesarios. Este principio  recientemente ha sido de obligatoria aplicación en la administración pública de otros países tal es el caso de España, que recientemente reformó la Constitución para aplicar este principio. En países como Colombia se han creado normas de austeridad en el gasto público, tal es el caso del Decreto 26 de 1998 en el cual se establecen disposiciones específicas como por ejemplo: i) la prohibición de gastos suntuarios, impresión o suministro de tarjetas de presentación, Navidad o conmemoraciones; ii) uso de vehículos oficiales y iii) gastos de representación en el exterior, entre otros.

En Guatemala no existe ninguna norma que obligue a los funcionarios públicos a utilizar los recursos con austeridad. Existe por lo tanto la necesidad de adecuar la legislación a este principio establecido en la Convención.

En nuestro sistema legal la Contraloría General de Cuentas tiene la función constitucional de fiscalizar “…los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos.”[1]

Dentro del marco  de la Convención es necesario fortalecer esta institución para poder adecuarla a los estándares de anticorrupción regionales, y para eso es necesario brindarle a la Contraloría los mecanismos legales para hacer efectivo su labor de fiscalización y limitar la discrecionalidad de los funcionarios dentro de la Contraloría.

Para  erradicar la discrecionalidad en la contratación pública, mejorar la transparencia y la calidad del gasto público, además de armonizar la legislación guatemalteca con los compromisos internacionales, se considera importante  y urgente la aprobación de las siguientes reformas legales que conforman la Agenda Legislativa para la Transparencia y la Calidad del Gasto Público:

Reformas a la Ley de la Contraloría General de Cuentas:

• Obligatoriedad de realizar Auditoria física de la obra pública y no sólo documental para que se verifique la existencia de la obra, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad de las mismas.
• Eliminación de la facultad de reducción de multas por parte del Contralor General. La facultad del Contralor General de cuentas de reducir las multas a los funcionarios púbicos por incumplimiento a las normas vigentes constituye un mecanismo de negociación política y no técnica y es además fuente de impunidad y corrupción.

—  Fortalecimiento del régimen sancionatorio indicando que deben aplicarse las sanciones de la Ley de Contrataciones del Estado o la Ley Orgánica del presupuesto cuando corresponda.

—  Publicidad absoluta de la información relacionada a los proceso de auditoría en cualquiera de las etapas del proceso.  Hoy por hoy existe en la normativa vigente la posibilidad de mantener confidenciales los hallazgos de la Contraloría hasta la presentación del informe final al Congreso de la República, lo cual vulnera los principios de transparencia y máxima publicidad que de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala deben mantener los actos de la administración.

—  Creación de un consejo consultivo. Orientado al fortalecimiento institucional y a la identificación de fortalezas y debilidades en el proceso de fiscalización.

Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado:

—  Se incorporan como sujetos obligados los fideicomisos constituidos con fondos públicos. En  la actualidad los fideicomisos constituidos con fondos públicos son los que sirven de mecanismo para eludir la Ley de Contrataciones del Estado y para la adjudicación de obras y compra de suministros e insumos de forma discrecional.

—  Se incorpora como obligatorias las Constancias de disponibilidad presupuestaria. Esta disposición busca evitar la adquisición de compromisos contractuales sin respaldo presupuestario.

—  Precios de Referencia: Para establecer los precios de referencia y la aprobación de fluctuaciones de precios se establece como base los precios registrados por el MCIV y el INE, los cuales deben estar publicados en GUATECOMPRAS.

—  Inconformidades: se suspenderán los procesos de licitación y cotización únicamente cuando medie orden de juez competente, esto evitará el abuso que se comete actualmente cuando las inconformidades congelan proceso de licitación o cotización con el objetivo de que prevalezcan las compras directas.

—  Se definen criterios de contratación  para los casos de emergencia garantizando la imparcialidad, la libre competencia, los precios de referencia y la contratación a través de empresas precalificadas.

—  Se establece la obligatoriedad de llevar a cabo los pagos a los proveedores basados en la antigüedad de la contratación y en el cumplimiento de las estimaciones, avances y entregas de las obras, insumos, servicios y suministros. Esto evitará la corrupción en los procesos de pago.

—  Centro de Validación: Para la verificación de la capacidad técnica y financiera de las empresas precalificadas para obra pública se conformará un centro de validación. Esto impedirá que empresas de ¨cartón¨ sean beneficiadas con contratación es del Estado.

—  Requisitos para ser proveedor del Estado: El Ministerio de Finanzas Públicas deberá establecer los requisitos para el registro de los proveedores del Estado.

—  Los estados financieros que presente los proveedores del Estado para ser incluidos en los registros correspondientes deberá ser la misma que anualmente  presentan a la Superintendencia de Administración Tributaria.

—  Fraccionamiento: Se define técnicamente el fraccionamiento para evitar esta práctica  que vulnera los principios de transparencia.

—  Inhabilitación por incumplimiento de Contrato: Se establece una inhabilitación de cinco años para ofertar al Estado a aquellos proveedores cuyo contrato debió rescindirse debido a incumplimientos por causas imputables al contratista.

—  Se limitan los casos de excepción para las compras del Ejército: Las compras de armamento, municiones y equipo del Ministerio de la Defensa se podrá llevar a cabo como caso de excepción si es declaro de urgencia por medio de Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros. Como consecuencia de esta medida la Industria Militar y el Hospital Militar deberán llevar a cabo sus adquisiciones a través de licitaciones y cotizaciones públicas.

—  Se facilita  la compra de equipos Médicos: Se incorporan al régimen de cotización la adquisición de equipos médico quirúrgicos para que exista una mejor capacidad de respuesta en caso de compras emergentes.

—  Se fortalecen los mecanismos de compra para casos de excepción: En los casos de excepción se deberán llevar a cabo las contrataciones respetando los precios de referencia y con proveedores registrados.

Reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto:

—  Se incorpora como sujetos obligados los Fideicomisos Públicos, para que cumplan con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto.

—  Se incorpora el criterio de austeridad en el gasto público.

—  Se prohíbe la utilización de Organizaciones No Gubernamentales para compras de insumos o para la ejecución de obra pública: Se prohíbe la delegación de la contratación,  administración y ejecución de obras y la adquisición de bienes, servicios o insumos, a través de terceros, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, o de cualquier persona individual o jurídica de cualquier naturaleza.

—  Registro en el sistema Nacional de Inversión Pública: Se fortalece la obligatoriedad del registro de la obra pública en el Sistema Nacional de Inversión Pública.

—  Sanción por No dar continuidad a la Obra Pública sin causa justificada. El funcionario o empleado público que sin causa justificada incumpla con las obligaciones que le asigna el artículo 15 que establece la continuidad de  las obras y el registro multianual de las mismas cuando su ejecución tome más de un año será sancionado con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la asignación pendiente de programar.

—  Sanción por adquirir compromisos sin respaldo presupuestario: El funcionario público o empleado público que adquiera compromisos o devengue gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios o disponga de los créditos para una finalidad distinta a la prevista tal y como lo prohíbe el artículo 26 de la ley será sancionado con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del compromiso o gasto que exceda del límite de los egresos o cuya finalidad haya sido alterada.

PARTICIPANTES EN LAS MESAS DE TRABAJO:

Mesa de Educación

CONFORMACION DE LA MESA

En la mesa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Calidad de Gasto para el Tema Educación, se contó con la participación de Diputados y Diputadas representantes de la Cámara de Industria de Guatemala, Cámara de Comercio, Fundación para el desarrollo (FUNDESA), Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Movimiento Cívico Nacional (MCN), Red Nacional por la Integridad (RNI), Movimiento Pro Justicia, Madres Angustiadas, Secretaría de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN), Empresarios por la Educación, Universidad del Valle de Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Consejo Nacional de Editores, de la Secretaría de Planificación Económica (SEGEPLAN), de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Ministerio de Educación.3

Mesa de Seguridad y Justicia

CONFORMACION DE LA MESA

Este grupo de trabajo fue integrado40 por Diputados del Congreso de la República, representantes de organizaciones nacionales e internacionales que tienen profundo conocimiento de este tema como lo son: Madres Angustiadas41, Movimiento Pro Justicia, Fundación Myrna Mack42, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)43, el Centro de Estudios de Guatemala

Mesa de Infraestructura y Vivienda

CONFORMACION DE LA MESA

En la mesa de Infraestructura y Vivienda participaron representantes de la Cámara Guatemalteca de la Construcción21, del Colegio de Ingenieros de Guatemala22, de la Asociación de Contratistas del Estado, de la Asociación de Constructores de Vivienda, de la Cámara de Industria, del Movimiento Cívico Nacional y de Acción Ciudadana Capítulo Guatemalteco de Transparencia Internacional23 así como el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda24, representantes del Ministerio de Finanzas Públicas25, de la Contraloría General de Cuentas, de la Secretaría de Planificación Económica SEGEPLAN26 y de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-27.

Mesa de Salud

CONFORMACION DE LA MESA

En esta importante mesa de trabajo participaron diputadas y diputados del Congreso de la República, así como representantes de la Conferencia Episcopal de Guatemala, el Centro de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Colegio Estomatológico, Centro de Estudios Guatemala, Asociación Guatemalteca de Enfermeras, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Red Nacional por la Integridad y el Observatorio de Salud; también participaron las siguientes instituciones: Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Organización Panamericana de la Salud, Colegio de Médicos y Cirujanos, Secretaria de Seguridad Alimentaria (SESAN) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (I.G.S.S.)29

COMENTARIOS FINALES:

Dentro de las conclusiones de las mesas quedó establecida la necesidad de impulsar con sentido de urgencia las reformas propuestas y la de institucionalizar el funcionamiento de las mesas ya que para resolver los graves problemas que tiene Guatemala deben desarrollase esquemas de diálogo que permitan dar seguimiento a la distribución de los recursos, al cumplimiento de las políticas públicas y de los estándares de calidad del gasto público.

El Presidente del Congreso se comprometió a institucionalizar el funcionamiento de las Mesas de Transparencia y Calidad del Gasto Público como un mecanismo de diálogo permanente.

La Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia se complace en invitarle a la Presentación de la Agenda Legislativa de Transparencia y Gasto Público. Próximo lunes 19 a las 10 am en el Hotel Westin Camino Real.

 

La diputada Rosa María de Frade, Presidenta de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia envió  la siguiente carta al Diputado José Roberto Alejos Cámbara debido a que la información publicada en su perfil es incompleta, confusa e induce a error a los usuarios.  Muchos de los perfiles de diputados y diputadas tienen estos mismos errores. 

Además de lo anterior la página veda el acceso de los usuarios a la información complementaria de las notas publicadas lo cual contraviene los princios de transparencia y acceso a la información pública.  Así mismo la diputada de Frade hace ver que no es suficiente publicar las iniciativas de Ley que los diputados presentan ya que para que los ciudadanos analicen la eficacia de su función parlamentaria es necesario que se publique también el listado de las inciativas de ley que se aprueban.

 Por lo anterior urgió al Presidente Alejos a hacer las correcciones correspondientes:

“Guatemala, 17 de junio de 2011. 

Honorable Diputado

Roberto Alejos Cámbara

Presidente

Congreso de la República

Presente.

 Señor Presidente:

      Tengo el agrado de dirigirme a Usted para permitirme hacer de su conocimiento que al revisar la información que aparece en mi perfil  es evidente que la información  está incompleta lo cual induce a desinformación y engaño para las personas que llevan a cabo un proceso de auditoría social del desempeño de nuestras funciones.

       No sólo no se mencionan las iniciativas de ley que he presentado y las que han sido aprobadas sino que además,  las notas informativas relacionadas a  las actividades que realizo están desactualizadas  e incompletas y cuando se intenta ingresar en las mismas para obtener información complementaria aparece un mensaje que indica “está intentando una actividad prohibida”.  La página web del Congreso Señor Presidente es una herramienta de rendición de cuentas de parte de los parlamentarios al pueblo de Guatemala y de fiscalización por parte de los ciudadanos sobre nuestra gestión parlamentaria.  El hecho de que en lugar de facilitar el acceso a la información la misma se vede a través del sistema informático no sólo es una violación a la Ley sino también un insulto a los usuarios de la pagina.

      Además de lo anterior, el campo denominado “Historial Político” está mal diseñado y no contiene información correcta. En cuanto a las iniciativas de Ley el campo se denomina “iniciativas a presentar”, señor Presidente las  iniciativas que deben ser registradas en el sistema son las iniciativas efectivamente  presentadas por cada diputado no es lógico que sea un listado de iniciativas que algún día va “a presentar”.  Así mismo, para que los ciudadanos puedan evaluar los verdaderos resultados de nuestra gestión como representantes del Pueblo de Guatemala debe incluirse también un campo para las iniciativas que presentamos y que fueron efectivamente aprobadas.

     Por lo anterior solicito que se proceda a publicar la información de forma oportuna, completa, correcta y veraz de manera urgente. 

      Es evidente señor Presidente que el  lanzamiento de la página web es un verdadero fracaso porque no sólo no cumple con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública sino porque contiene información que está confundiendo a la opinion publica. 

      Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideración,

Rosa María Ángel de Frade

Diputada”

 

 

 

La Diputada Rosa María de Frade, envió el día de hoy la siguiente carta al Presidente del Congreso de la República, Diputado José Roberto Alejos Cámbara:

“Guatemala, 17 de junio del 2011

   

Honorable Diputado

José Roberto Alejos Cámbara

Presidente Congreso de la República de Guatemala

Presente.

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para permitirme recordar que de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 la información que debe estar actualizada y disponible en todo momento y a disposición de cualquier interesado en la página web del Congreso de la República debe ser “como mínimo” la siguiente:  

1. Estructura orgánica y funciones de cada una de las dependencias y departamentos, incluyendo su marco normativo;  

2. Dirección y teléfonos de la entidad

3. Directorio de empleados y servidores públicos, incluyendo números de teléfono y direcciones de correo electrónico oficiales no privados; quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado;

 

4. Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado;  

5. La misión y objetivos de la institución, su plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento de los mismos;  

6. Manuales de procedimientos, tanto administrativos como operativos;  

7. La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal; los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas;  

8. Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad;  

9. La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y donaciones;  

10. La información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la adquisición de bienes que son utilizados para los programas de educación, salud, seguridad, desarrollo rural y todos aquellos que tienen dentro de sus características la entrega de dichos bienes a beneficiarios directos o indirectos, indicando las cantidades, precios unitarios, los montos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos;  

11. La información sobre contrataciones de todos los bienes y servicios que son utilizados por los sujetos obligados, identificando los montos, precios unitarios, costos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos;  

12. Listado de viajes nacionales e internacionales autorizados por los sujetos obligados y que son financiados con fondos públicos, ya sea para funcionarios públicos o para cualquier otra persona, incluyendo objetivos de los viajes, personal autorizado a viajar, destino y costos, tanto de boletos aéreos como de viáticos;

 

13. La información relacionada al inventario de bienes muebles e inmuebles con que cuenta cada uno de los sujetos obligados por la presente ley para el cumplimiento de sus atribuciones;  

14. Información sobre los contratos de mantenimiento de equipo, vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones de todos los sujetos obligados, incluyendo monto y plazo del contrato e información del proveedor;  

15.  La información relacionada a los contratos, licencias o concesiones para el usufructo o explotación de bienes del Estado;  

16.  El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente; 

17. Los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien o servicio, especificando las características de los mismos, motivos del arrendamiento, datos generales del arrendatario, monto y plazo de los contratos;  

18. Información sobre todas las contrataciones que se realicen a través de los procesos de cotización y licitación y sus contratos respectivos, identificando el número de operación correspondiente a los sistemas electrónicos de registro de contrataciones de bienes o servicios, fecha de adjudicación, nombre del proveedor, monto adjudicado, plazo del contrato y fecha de aprobación del contrato respectivo;  

19. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados; 

20. Los informes finales de las auditorías gubernamentales o privadas practicadas a los sujetos obligados, conforme a los períodos de revisión correspondientes;  

21. Los responsables de los archivos de cada uno de los sujetos obligados deberán publicar, por lo menos una vez al año, y a través del Diario de Centro América, un informe sobre: el funcionamiento y finalidad del archivo, sus sistemas de registro y categorías de información, los procedimientos y facilidades de acceso al archivo;

 

22. El índice de la información debidamente clasificada de acuerdo a esta ley;

 

23. Las entidades e instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de los mismos;  

24. Cualquier otra información que sea de utilidad o relevancia para cumplir con los fines y objetivos de la presente ley.

 

            Además de lo anterior, para el caso del Organismo Legislativo la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a la publicación de la siguiente información:  

1. El ejercicio del presupuesto asignado por bloque legislativo y comisión;  

2. El listado de asesores y asistentes de Junta Directiva, bloques legislativos, bancadas, comisiones y diputados con sus respectivas remuneraciones;  

3. El proyecto del orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias en el pleno y comisiones, con veinticuatro horas de anticipación;  

4. Las iniciativas de ley;  

5. Los dictámenes emitidos por cada una de las comisiones sobre las iniciativas de ley;  

6. Los decretos;  

7. Los acuerdos;  

8. Los puntos resolutivos;  

9. Las resoluciones; 

10. Actas de las sesiones de las comisiones de trabajo; y  

11. Diario de las Sesiones Plenarias.

 

                        Señor Presidente, a pesar de que esta importante Ley fue aprobada desde el año 2008, el Congreso de la República no ha cumplido con lo establecido en la misma.  Siempre que insistimos en este tema se nos informó que la información estaba disponible en forma física y que cuando se hiciera el lanzamiento de la nueva página web se cumpliría con las obligaciones legales que este importante Organismo del Estado tiene en materia de acceso a la información y rendición de cuentas, sin embargo, al revisar el contenido de la nueva página nos damos cuenta de que la información publicada no cumple con más del 20% de la información que la Ley establece.  

                        Señor Presidente dada la gravedad de la situación es urgente que el personal del Congreso lleve a cabo el proceso de publicación del 100% de  la información que la Ley establece.  

                        Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

 

 

Rosa María Ángel de Frade

Presidenta

Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia”

 

 

 

 

La Mesa por la Transparencia, la Rendición de Cuentas y la Calidad del Gasto Público en Educación conoció la propuesta de la “Gran Campaña por la Educación” del Grupo Promotor de la Calidad Educativa.

La propuesta incluye un cambio en el modelo de gestión en el que la descentralización juega un papel central.  Con este modelo se integran Consejos Educativos con la participación de los Directores, Maestros, líderes comunitarios y padres de familia y la planificación, la determinación de necesidades e insumos se lleva a cabo desde lo local tomando como base la demanda educativa.

Estos consejos serían además responsables de la administración de los recursos para la adquisición de la valija didáctica, los útiles escolares, los libros de texto, la contratación temporal de maestros mientras se lleva a cabo la contratación definitiva por parte del Ministerio de Educación, la refacción escolar y el mantenimiento básico de los establecimientos educativos.

El reto para que este nuevo modelo de gestión funcione adecuadamente está en que las Juntas Escolares cuenten con los recursos necesarios en los plazos que sean previamente definidos y en que se logre descentralizar de forma adecuada la gestión de los recursos financieros con todo lo que esto conlleva: la selección de un cuentadantes, los controles administrativos y una planificación conjunta con los proveedores ya que se estarían dejando sin efecto las licitaciones para casos como el de los libros de texto.

Además de lo anterior, para mejorar la calidad educativa es importante la aprobación de una Ley de la Carrera Magisterial que contemple la formación inicial, las capacidades y destrezas, los ascensos y un adecuado proceso de selección. Un curriculum nacional básico en el que se puedan analizar los diferentes niveles, y que se determinen metodologías para ir transcurriendo de un nivel básico a un nivel avanzado.

Además de lo anterior es importante considerar la enseñanza de un tercer idioma y el tiempo efectivo de enseñanza que tienen que cumplirse durante cada ciclo lectivo.

Para poder impulsar este cambio de modelo de gestión que además implica además de lo anterior,  el fortalecimiento de las Direcciones Departamentales con la incorporación de Técnicos Pedagógicos y supervisores de gestión, se considera muy importante el acompañamiento de diferentes sectores de la sociedad civil y del más alto nivel de la toma de decisiones políticas.  Por esta razón se propuso presentar las conclusiones de la Mesa no sólo a la Instancia de Jefes de Bloque sino también al Consejo Económico y Social que se integró recientemente con la participación de empresarios y organizaciones sindicales para que puedan acompañar su impulso.

Finalmente, se consideró que como es importante la coordinación interinstitucional para  el buen funcionamiento de un proceso de descentralización como el planteado, es conveniente invitar a las siguientes instituciones para la reunión del lunes 30 de mayo: Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas, Ministerio de Educación y Súper Intendencia de Administración Tributaria.