La diputada Rosa María de Frade, Presidenta de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia cuestionó al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y a las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas por haber adquirido compromisos contractuales por las de Q 15,000M (Quince mil millones de Quetzales) sin el correspondiente respaldo presupuestario.
Durante la reunión el Ministro Jesús Inzúa reconoció que de ese monto Q 3,000M son compromisos nuevos del año 2011 que corresponden al proceso de reconstrucción y que de los contratos firmados durante el año 2010 que ascienden a más de Q 12,000M ya se deben por obras ejecutadas más de Q 3,000M. Q 9,000M corresponden a contratos firmados pero no registrados.
“Quedo demostrado que la deuda hoy es de 15 mil millones de quetzales y solo 4 mil están presupuestados, lo que significa un impacto grave para las finanzas públicas, es sumamente preocupante porque es una deuda altísima que impacta de forma negativa pues se convierte en un déficit propio del presupuesto”, señaló la diputada Rosa María de Frade de la Bancada Guatemala.
La presidenta de la Comisión solicitó al Ministro de Comunicaciones un listado de tallado de todos estos compromisos contractuales y citó para el próximo martes 29 de marzo además de al Ministro de Comunicaciones al Ministro de Finanzas Públicas, a la Contralora General de Cuentas y a la Secretaria de Planificación no sólo para que se definan las sanciones que corresponda por haberse violado la Ley Orgánica del Presupuesto sino también para que se defina un procedimiento de priorización y registro de estos compromisos contractuales. Esta reunión se llevará a cabo en el marco de la instalación de la Mesa de Transparencia y Calidad del Gasto Público en materia de Infraestructura en la cual estarán participando además de las autoridades mencionadas diferentes sectores de la sociedad civil.
Esta mesa llevará a cabo una serie de propuestas muy importantes para que se erradiquen los mecanismos discrecionales de adjudicación de obra pública y que se incorporen al ordenamiento jurídico reformas orientadas a fortalecer el sistema de empresas precalificadas, mecanismos de pago transparentes y ordenados y sistemas de planificación efectivos.








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