La Presidenta de la Comisión Nacional por la Transparencia, diputada Rosa María de Frade se reunió con el Ministro de Energía y Minas, Romeo Rodríguez y con representantes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y de la Mina Montana, para establecer los avances que se han dado en los estudios ambientales requeridos a dicha mina ubicado en el Departamento de San Marcos.

En la reunión los representantes de la mina, comunicaron que ya han hecho entrega del estudio al Ministerio de Ambiente y que solamente está pendiente el estudio geoquímico el cual se estará realizando en los próximos días, además se programó una reunión con los técnicos del ministerio y de la empresa, para establecer los parámetros que se deberán tomar en cuenta, para las ampliaciones que requiere el Ministerio de Ambiente en dicho estudio.

La Presidenta de la Comisión Nacional por la Transparencia, diputada Rosa María de Frade comentó: “es necesario que la población conozca los resultados de esta primera etapa de evaluación de la mina, por lo que se programó para el día 19 de noviembre una reunión para conocer los resultados de esta evaluación y poder comunicarlos a la brevedad a los vecinos del departamento”.

Además la Legisladora dijo que en la próxima reunión se propuso la presencia de autoridades del INFOM, para que estén enterados de los resultados del estudio de la Mina Montana, con el objetivo de que analicen como se puede dar una solución permanente al problema de abastecimiento de agua, que puede variar en cada población de acuerdo a la cantidad de habitantes y al cambio climático.

La Comisión Nacional para la Transparencia, sostuvo una reunión para analizar la creación de un Centro de Validación de las empresas pre calificadas para llevar a  obra pública.  En esta reunión participó el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Representantes de la Cámara de Construcción y representantes del Movimiento Cívico Nacional que han venido impulsando la transparencia y la calidad del gasto.

La Presidenta de la Comisión Nacional para la Transparencia, diputada Rosa María de Frade, manifestó que  uno de los pasos importantes para transparentar el gasto sería la creación de un Centro de Validación para los precalificados de la obra pública, dentro del cual participarían la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para verificar la capacidad financiera de las empresas y además establecer mecanismos técnicos para evaluarlas, para que independientemente de quien desarrolle y contrate la obra pública, deba referirse al listado de empresas precalificadas.

Además es necesario que existan mecanismos para establecer procesos que eviten la contratación discrecional en la obra pública, reglamentando que no se permita la utilización de las ONGS, que se regulen los fideicomisos y que las licitaciones sean el mecanismo principal para la contratación de empresas.

La Presidenta de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia, manifiesta su preocupación por la importancia y urgencia de derogar el Acuerdo Ministerial número 01-2006 que aprobó las “Normas para la Vinculación del Sistema GUATECOMPRAS con el SIGES y el SICOINWEB”.

Estas normas establecen el procedimiento para vincular las compras y contrataciones realizadas en  años anteriores al 2006 y que por no haber obligatorio el uso del sistema GUATECOMPRAS en esa época  no contaban con  Número de Operación Guatecompras, para poder operar los pagos a través del Siges y el Sicoinweb.

Sin embargo, el mantener vigente este acuerdo ministerial, ha permitido que diferentes instituciones, violen la ley de contrataciones del Estado realizando adjudicaciones sin concurso y actualmente siguen haciendo vinculaciones correspondientes  a los años 2008, 2009 inclusive 2010.  Esta práctica ha permitido que se hagan ampliaciones de contratos anteriores, sin contar con las disponibilidades presupuestarias correspondientes.

Es importante destacar que estas prácticas deban erradicarse, con el propósito de contar con mejores herramientas que permitan una contratación transparente y que realmente cumplan con los intereses del Estado, siendo por lo tanto necesario  y urgente que dicho acuerdo ministerial sea derogado.

Por lo que envió una solicitud al Ministerio de Finanzas Públicas, para solicitar la derogatoria de esa normativa

Los Miembros  de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia, sostuvieron  una reunión con el director ejecutivo del Registro Nacional para las Personas, Ing. Jorge Matheu Fong, y con los Miembros del Consejo Consultivo de dicha institución en la cual se confirmó que la crisis generalizada con la emisión del Documento Personal de Identificación  -DPI-, es grave y podría dejar inhabilitados a más de medio millón de guatemaltecos para emitir su voto en las elecciones 2011.

El Director Ejecutivo  del RENAP manifestó que debido a incumplimientos en los contratos de digitación y digitalización de los libros al Sistema SIRECI y a errores cometidos en dicho proceso la base de datos del RENAP carece de confiabilidad y que se hace necesario  llevar a cabo un proceso de “limpieza de datos” o “Data Cleaning”,  el cual puede llegar a tomar cerca de cuatro meses.  Este trabajo permitiría depurar el listado de DPI que se trasladen al Tribunal Supremo Electoral para su inclusión en el Padrón.  Al hacerse el anterior planteamiento los miembros de la Comisión manifestaron su profunda preocupación por el hecho de que el proceso se estaría llevando a cabo con un margen de tiempo demasiado corto debido a que el Padrón se cierra en el mes de mayo del año próximo y esto podría poner en riesgo a aproximadamente 500,000 personas que de acuerdo a cálculos preliminares tendrían errores en sus respectivos documentos y que no tendrían el tiempo suficiente para llevar a cabo el proceso de reposición.

Preguntado sobre las denuncias penales que se han presentado por parte de la Dirección Ejecutiva por el pago de contratos inconclusos en el RENAP, el Director  Ejecutivo manifestó que las mismas habían sido presentadas, especialmente contra las empresas que eran las responsables del proceso de digitación y digitalización y que copia de estas denuncias serían enviadas a la Comisión.

Los miembros de la Comisión demandaron que se agilice el proceso de solución de los graves problemas que tiene actualmente el RENAP y que están afectando a cientos de miles de personas ya que no sólo se niega el derecho humano fundamental de las personas a una identidad, sino que también se pone en grave riesgo el ejercicio de uno de los derechos humanos fundamentales como es el de elegir y ser electo.

Así mismo solicitaron a los miembros del Consejo Consultivo que se cumpla lo antes posible con la realización de una auditoría  independiente que permita un análisis técnico de todos los procesos para confirmar la dimensión del problema.

Finalmente los miembros de la Comisión urgieron al Director Ejecutivo a que se lleven a cabo todos los esfuerzos necesarios para estandarizar los procesos y procedimientos registrales ya que el personal no sólo no es personal calificado sino que no ha recibido la suficiente inducción y capacitación para que puedan llevar a cabo su trabajo con eficiencia, eficacia y confiabilidad.

La Comisión acordó llevar a cabo todas las acciones de auditoría y fiscalización que correspondan para verificar los avances que se registren y además llevar a cabo todas las demandas y denuncias  civiles, penales y administrativas que correspondan.