INFORME DE ACTIVIDADES

AÑO 2011

COMISIÓN EXTRAORDINARIA NACIONAL POR LA TRANSPARENCIA

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

1. Rosa María Ángel de Frade

Presidenta

2.Christian Jacques Boussinot Nuila

Vicepresidente

3.Ferdy Ramón Elías Velásquez

Secretario

4.José Alberto Gándara Torrebiarte

5.Edgar Abraham Rivera Sagastume

6.Jorge Enrique Gordillo Cortez

7. Rodolfo Aníbal García Hernández

8.Jorge Mario Barrios Falla

9.Carlos Gerardo Gordillo Marroquín

10.Manuel Marcelino García Chutá

11. Carlos Rafael Fión Morales

12. Roberto Ricardo Villate Villatoro

INICIATIVAS Y DICTÁMENES

La Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia recibió, estudió y analizó los Proyectos de Ley enviados por el Pleno del Congreso de la República.

Dictámenes:

Dictamen Favorable

Iniciativa 4347

Ley contra la Corrupción en la Administración Pública

Con fecha cinco de abril del año dos mil once, en el pleno de este Organismo, fue leída la iniciativa que dispone emitir una Ley de Archivos, la cual fue presentada por la Diputada Nineth Montenegro Coy remitida para su dictamen a esta misma comisión.

Una de las debilidades más grandes de las instituciones públicas guatemaltecas es la ausencia de mecanismos de fiscalización sobre los bienes de los funcionarios públicos. A pesar de la existencia de normas legales que obligan a los funcionarios y empleados a presentar declaraciones juradas como requisito para asumir el puesto o cargo, éstas no son claras y tampoco existen normas punitivas especiales en cuanto a la falsedad de las mismas o un verdadero esfuerzo por vigilar si durante el ejercicio público los funcionarios o empleados públicos muestran un estilo de vida inconsistente con su nivel de ingresos. Esto evidencia que, a pesar de que existen normas que regulen las declaraciones juradas patrimoniales, no existe un sistema efectivo y eficiente de declaraciones juradas patrimoniales que garantice la transparencia.

Actualmente, todo lo referente a las declaraciones juradas patrimoniales es responsabilidad de la Contraloría General de Cuentas, específicamente de la Subcontraloria de Probidad. Esta institución no cuenta, en muchos casos, con las herramientas normativas suficientes (no existe el delito de enriquecimiento ilícito,  por ejemplo) y, en otros, con las herramientas de integración de sistemas y convenios de información con otras instituciones del estado y privadas que permitan un buen desempeño en sus funciones, entre otros problemas que tiene dicha institución.

En virtud de que la iniciativa de Ley Contra la Corrupción en la Administración Pública busca crear una institución independiente llamada Dirección General Contra la Corrupción en la Administración Pública la cual sería la autoridad máxima para determinar la existencia de enriquecimiento ilícito y que para esos efectos podría establecer los procedimientos de investigación que estime necesarios, las Comisiones de Trabajo decidieron investigar cuáles son las deficiencias de la Contraloría de Cuentas que puedan incidir en el pobre desempeño de esta institución en materia de control de las declaraciones juradas patrimoniales para así poder determinar la necesidad o no de la iniciativa 4347. Para lograr ese acometido las Comisiones de Trabajo convocaron a la Contraloría General de Cuentas y a Centros de Investigación que tienen relación y conocimiento de temas de transparencia para que vertieran su opinión.

En todas las reuniones de socialización de la iniciativa, se hizo énfasis en la necesidad de regulación clara y específica de las declaraciones juradas patrimoniales.  Se evidenció que este tema no ha sido prioridad para la Contraloría General de Cuentas y que debería de serlo puesto que el patrimonio del estado debe de ser resguardado y la corrupción debe de ser sancionada. El combate a la corrupción en la administración pública exige normas claras y la debida existencia de autoridades que hagan cumplir con las leyes. Es necesario contar con las medidas punitivas para castigar los delitos pero es también necesario afincar el sentido de responsabilidad personal y social de toda la comunidad y en especial de los servidores públicos quienes mediante normas claras en cuanto a las declaraciones juradas patrimoniales estarán a la vista y control de la sociedad y de la entidad responsable, lo que se logra mediante la creación de un sistema eficiente e integral de declaraciones juradas patrimoniales es un sistema preventivo de corrupción.

Es por esto que es necesario la creación de una nueva entidad que sea independiente de la Contraloría General de Cuentas, con jurisdicción en todo el territorio nacional, que tenga independencia  administrativa, funcional y técnica, que tenga también una relación de coordinación, mas no de subordinación con otros entes del Estado, para terminar con esa actitud de complacencia que actualmente impera. Esta entidad garantizará el establecimiento de un verdadero sistema  mediante el cual se verificará el patrimonio de los funcionarios públicos. Este es un sistema de prevención e identificación de corrupción, que coadyuvará al Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia.

Iniciativa 4307

Ley de Archivos

Dictamen Favorable

Con fecha cinco de abril del año dos mil once, en el pleno de este Organismo, fue leída la iniciativa que dispone emitir una Ley de Archivos, la cual fue presentada por la Diputada Rosa María Ángel Madrid de Frade y remitida para su dictamen a esta misma comisión.

Los documentos son testimonios vivos del patrimonio histórico y cultural de cada país y están ligados a su historia,  sus raíces,  su vida contemporánea, a su quehacer en general. El ámbito de aplicación de la presente ley, son los  Archivos de la administración pública, Archivos privados de instituciones que utilicen fondos públicos, Archivos privados que tengan documentos de utilidad pública y todos los archivos privados que deseen incorporarse. La importancia de esta ley radica en que es necesario preparar y desarrollar una serie de capacidades técnicas y científicas especializadas que no existen en Guatemala, y que son muy escasas en Latinoamérica.  Además,  el eventual valor probatorio de los documentos de archivo puede perderse si quienes están comprometidos en la lucha contra la impunidad y la corrupción no tienen un acceso a acervos documentales que son de vital importancia para procesos de transparencia.

En la actualidad los archivos, documentos y todos los fondos documentales existentes en las instituciones que custodian documentos han atravesado etapas difíciles.  Sabemos que para superar los problemas del cuidado del patrimonio documental, las instituciones han implementado mecanismos que no necesariamente son los idóneos, y que esto se debe a que no existe regulación legal que contenga los lineamientos básicos para el almacenamiento, procesamiento y ulterior acceso a la información de dichos documentos.

Es evidente que la necesidad de una ley de archivos es debido a que las instituciones que custodian estos acervos documentales no han sido suficientemente atendidas y han contado con recursos limitados. Además, estos documentos han sido objeto de mutilación, depredación y destrucción muchas veces intencionalmente con el objetivo de obstruir la justicia y, en otros casos han sido víctimas de los estragos naturales, tal es el caso  de inundaciones e incendios que han provocado graves problemas a la preservación del patrimonio que resguardan.

El objetivo último de todo archivo debe ser la conservación y la difusión de información que conserva, es decir, que todo documento pueda ser accesible y  utilizable no solo para obtener información valiosa si no para la reconstrucción de la memoria histórica guatemalteca y para cumplir con la obligación constitucional de dar libre acceso a la información de acuerdo a lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. La construcción colectiva de una lucha incesante contra la impunidad es necesaria, pero, sin las condiciones adecuadas para que tales documentos sigan al servicio del usuario, el archivo pierde su razón de ser.  Además todo sistema de archivos debe contener una regulación, la cual esté orientada además de lo anterior,  a garantizar que el uso de medios electrónicos sea la manera idónea de almacenar dichos documentos para no correr riesgos de pérdida y desgaste de los originales. La utilización de tecnologías de la información debe ser una prioridad, para mejorar la administración de los archivos estatales, y así contribuir a la promoción de una cultura de revalorización de los archivos y su reconocimiento como eje de la actividad gubernamental y establecer los criterios y estándares para el resguardo, difusión, conservación y acceso de archivos privados de especial relevancia histórica y científica.

A la luz de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, y de la Ley de Acceso a la Información Pública, es de vital importancia la aprobación de esta ley ya que los funcionarios públicos y toda persona que labora para el estado, tiene bajo su responsabilidad el correcto manejo de los acervos documentales que le son confiados, así como de la  información que es propiedad de los ciudadanos y ciudadanas. Además, los archivos que proporcionan datos de las actividades y negocios humanos, son garantes de los derechos de los ciudadanos y de los Estados, y son esenciales para la democracia y el buen gobierno. Los archivos son la salvaguarda de la memoria de un país  ya que conservan testimonios de su pasado. Garantizan el funcionamiento democrático de las sociedades, la identidad de los individuos y de las comunidades, y la defensa de los derechos del hombre y de la mujer.

Iniciativa 4410

Dictamen Favorable

Ley para erradicar la discrecionalidad en las contrataciones del estado y mejorar la calidad del gasto publico.

Con fecha  4 de octubre de 2011 en el pleno de este Organismo, fue leída la iniciativa que dispone emitir una Ley para Erradicar la Discrecionalidad en las Contrataciones del Estado y mejorar la calidad del Gasto Público la cual fue presentada por los Diputados: ROSA MARIA ANGEL MADRID DE FRADE, NINETH VARENCA MONTENEGRO COTTOM, CHRISTIAN JACQUES BOUSSINOT NUILA, JOSE ALBERTO GANDARA TORREBIARTE, JOSE ROBERTO ALEJOS CÁMBARA Y OLIVERIO GARCÍA RODAS. Esta iniciativa fue identificada con el número 4410 y fue trasladada a la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia y la Comisión de  Legislación y Puntos Constitucionales para emitir dictamen correspondiente. auditoria social.

Las reformas contenidas en la iniciativa 4410 tienen su fundamento en la Constitución Política de la República y en la Convención Interamericana contra la Corrupción de la cual Guatemala es parte. En materia administrativa la Convención regula lo siguiente “ ii) el sistema de contrataciones del estado deberá seguir los principios de publicidad, equidad y eficiencia, esto con el fin de proteger los recursos del estado y eliminar la discrecionalidad;  y iii) creación de órganos de control superior para  prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas corruptas, entre otros.

Durante los meses de abril a septiembre del año 2011 se llevó  a cabo un análisis relacionado a la calidad del gasto público y a los mecanismos de contratación del Estado a través de las  Mesas de Trabajo de Transparencia, Rendición de Cuentas y Calidad de Gasto Público. Esta fue una oportunidad para que diputados del Congreso de la República, Organizaciones de la Sociedad Civil y Entidades de Gobierno analizaran la problemática de la baja calidad del gasto público y de su impacto en las áreas de Educación, Salud, Seguridad y Justicia  e Infraestructura y Vivienda.

Como parte del análisis se estableció que aunque las finalidades del presupuesto del Estado están dirigidas a la satisfacción de las necesidades de la población.

La iniciativa de Ley 4410 incluye reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, a la Ley Orgánica del Presupuesto, a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, a la Ley del Organismo Ejecutivo y al Código Penal con el fin de erradicar la discrecionalidad en las contrataciones del Estado y mejorar la calidad del Gasto Público y fortalecer los mecanismos de fiscalización y auditoria social.

Las reformas contenidas en la iniciativa 4410 tienen su fundamento en la Constitución Política de la República y en la Convención Interamericana contra la Corrupción de la cual Guatemala es parte. En materia administrativa la Convención regula lo siguiente “ ii) el sistema de contrataciones del estado deberá seguir los principios de publicidad, equidad y eficiencia, esto con el fin de proteger los recursos del estado y eliminar la discrecionalidad;  y iii) creación de órganos de control superior para  prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas corruptas, entre otros.

Iniciativas presentada por Integrantes de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia

Decreto No. 4 – 2011

Aprobado el 28 de Mayo de 2011

Iniciativa 4323

Mecanismos para la Transparencia y Rendición de Cuentas en la Gestión Parlamentaria.

Los legisladores actúan en representación de los ciudadanos que los eligieron  y por lo tanto son los mismos ciudadanos los que tienen el derecho de exigir y demandar que sus representantes cumplan cabalmente con sus responsabilidades. Los legisladores por su parte  tienen la  obligación de rendir cuentas permanentemente a sus electores.

A pesar de que desde hacía más de cinco años se había invertido alrededor de Q7M (siete millones de Quetzales) en la instalación de un tablero electrónico, la mayoría de las votaciones en el Congreso de la República se llevan a cabo a través de la denominada votación “breve”, es decir por medio de la mano levantada.  Este método de votación no permitía  llevar registros personalizados de la forma en  que votan los parlamentarios y deja incluso abierta la posibilidad de manipulación del quórum. Si bien la Ley Orgánica del Congreso contempla la votación nominal de viva voz, esta se da únicamente si se solicita por seis diputados o más.

Los ciudadanos tienen el derecho de saber si los diputados y diputadas que eligieron para representarlos  están actuando de acuerdo a sus promesas electorales, si con congruentes con sus discursos y consistentes con hacer prevalecer los principios y valores que han propugnado, esta información les servirá  para tomar la decisión de reelegir o no a sus representantes.

Por lo anterior, la iniciativa de Ley 4323 proponía  una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la República para que se lleve un registro personalizado de todas las votaciones.  La reforma incluía la Votación Nominal por medio de Sistema Electrónico para todas las iniciativas de Ley, Decretos, Puntos Resolutivos y Resoluciones así como para todas las elecciones que el Congreso debe realizar.

ACTIVIDADES GENERALES:

1. 25/01/2011  Presentación de la Iniciativa de Ley 4323: Mecanismos para la Transparencia y Rendición de Cuentas en la Gestión Parlamentaria.

Con el propósito  fundamental de fortalecer la institucionalidad y representación de los guatemaltecos en el Congreso de la República, la diputada Rosa María de Frade Presidenta de la Comisión y el diputado independiente Francisco Contreras, en conferencia de prensa dieron a conocer el contenido de la Iniciativa 4323 por medio de la cual buscan reformar la Ley Orgánica de este alto Organismo de Estado, para crear un Registro de Votaciones.  La intención principal es que los ciudadanos conozcan por medio de un registro personalizado como están  emitiendo su voto quienes los representan en el Organismo Legislativo, al momento en que se aprueban Leyes, Acuerdos, Puntos Resolutivos, así como cuando se  realicen elecciones de funcionarios de alto nivel, decisiones que al momento se toman por medio de la votación por cédula.

2. 27/01/2011  Mesa de Identidad y Participación Ciudadana: Reunión con el Viceministro de Gobernación para dialogar sobre el tema del RENAP.

Los Diputados de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia, sostuvieron una reunión de trabajo con el Viceministro de Gobernación ante el Registro Nacional de las Personas, Emilio Dávila y con miembros del Consejo Consultivo  con el propósito de intercambiar impresiones acerca de los problemas que se suscitan en la institución registral.  Durante la reunión, la Presidenta de la Comisión, diputada Rosa María de Frade, realizó un presentación sobre varios aspectos que podrían implementarse en el RENAP para mejorar su funcionamiento y permitir que la población guatemalteca tenga certeza jurídica con su Documento Personal de Identificación.

3. 7/02/2011 Seguimiento a problemas en la emisión del Documento Personal de Identidad – DPI –

La Presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso de la República, diputada Rosa María de Frade así como integrantes de la Comisión, se reunieron con integrantes del Consejo Consultivo del Renap y con organizaciones de jóvenes, para dar seguimiento al problema en la que se ha dado en la emisión del Documento Personal de Identificación (DPI), motivo por el cual muchas personas no cuentan con un documento que los identifica.   Los asistentes a dicha reunión manifestaron que el Estado debe hacer todos los esfuerzos para resolver los errores que se han dado en la emisión del DPI, se realizará una fiscalización semanal para verificar la efectividad de los procesos, se han detectado alrededor de 451,000 documentos con errores, esto se debe resolverse sin costo y dando las facilidades a los guatemaltecos.

4. 8/02/2011 Sobrevaloración en la Compra de Armamento para la PNC

La comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia se reunió con los Ministros de Gobernación y de la Defensa Nacional, con el objetivo de cuestionar los procesos que se utilizaron en la compra directa de armamento y municiones para la Policía Nacional Civil (PNC), ya que según la legisladora no se siguieron las especificaciones técnicas para realizarla.  La Diputada Rosa María de Frade Presidenta de la Comisión manifestó en la citación que si se utilizó el acuerdo gubernativo de excepción debió cumplirse con las especificaciones técnicas que este establecía, por lo que solicitó al Ministro de Gobernación que envíe la información que sustenta esta decisión.  Manifestaron los asistentes que no hay ninguna prueba que en ejercito o unidad elite de otro país  se haya utilizado antes este tipo de armamento, por lo que aun existen una serie de cuestionamientos pendientes.

Después de los análisis realizados sobre la documentación presentada por el Ministro de Gobernación, Carlos Menocal, en relación a los contratos de adquisición de armamento para la Policía Nacional Civil,  se pudo comprobar que hay indicios  sobrevaloración en la compra de municiones.

Por lo que, cumpliendo con lo establecido en la Ley en relación a la obligación legal y constitucional de presentar una denuncia ante la posible comisión de un ilícito, la Presidenta de la Comisión presentó una denuncia penal al Ministerio Público y solicito que la Contralora General de Cuentas, Sonia Segura,  realizar  la fiscalización necesaria para verificar la calidad del gasto en este caso.

5. 14/02/2011 Citación a la Contralora General de Cuentas Sra. Nora Segura de Delcompare – Sobrevaloración de armamento para la PNC –

Los diputados miembros de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia sostuvieron una reunión de trabajo con la Contralora General de Cuentas, Nora Segura, con quien compartieron los resultados de una investigación alrededor de los contratos de excepción por medio de los cuales se pretendía comprar equipo, armas y municiones, para la Policía Nacional Civil y que revelan anomalías y sobrevaloración de precios.

La Señora Contralora General de Cuentas manifestó que los Auditores de la Contraloría identificaron irregularidades en estos contratos, por lo que ella procedió a enviar una carta al Ministro Menocal solicitando la suspensión de los mismos, a la vez que ordenó una auditoría espacial para presentar una denuncia penal, debido a que se encontraron indicios de la comisión de hechos ilícitos.

Finalmente los contratos fueron dejados sin efecto por el Presidente de le República, Álvaro Colom.

6. 15/02/2011 Foro  sobre la Iniciativa 4323: “Mecanismos de Transparencia en la Gestión Legislativa”.

La Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia convocó a un Foro Público para socializar la Iniciativa 4323 “Mecanismos de Transparencia en la Gestión Legislativa”, que impulsa y que tiene como propósito modificar la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para que se lleve a cabo un registro personalizado de todas las votaciones. Como expositores en el Foro participaron el Presidente de Guatemala Visible Salvador Paíz, a la Licenciada Carmen Aída Ibarra en representación del Movimiento Pro Justicia, al Jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Francisco Dall’Anese, al Presidente del Congreso de la República, Diputado Roberto Alejos, los jóvenes Rodrigo Arenas del Movimiento Cívico Nacional, Emanuel Callejas de un Joven Más , a Camila Alarcón y a Alma Aguilar de la Red Nacional por la Integridad y Paz Joven. Todos coincidieron en la importancia de la aprobación de la Iniciativa de Ley, por ser un mecanismo de rendición de cuentas de parte de los diputados y diputadas y de auditoría social del desempeño parlamentario por parte de los ciudadanos

7. 25/02/2011 Solicitud a la Contraloría General de Cuentas que audite Organizaciones No Gubernamentales  que manejan fondos públicos.

La Presidenta de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia, diputada Rosa María de Frade y los miembros de la Comisión solicitaron a  la Contralora General de Cuentas, Nora Segura, que el informe que presentará a finales de mayo sobre la auditoría del ejercicio fiscal 2010, incluya a todas las entidades que administren recursos del erario nacional. Los miembros de la Comisión entregaron a la Contralora General el listado de más de 100 Organizaciones Gubernamentales, Asociaciones y Fundaciones que administraron alrededor de Q1500M de recursos públicos  en el año 2009 y que no fueron auditadas por las anteriores autoridades de la Contraloría, según consta en el informe anual de dicha entidad.

Así mismo, le solicitaron que proceda a deducir las responsabilidades administrativas que correspondan por esta omisión y a presentar las denuncias penales a que dé lugar la auditoria correspondiente.

8. 28/02/2011 Instalación de las Mesas de Transparencia, Rendición de Cuentas y Calidad del Gasto Público.

El Congreso de la República a través de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia, en un evento especial en el Salón del Pueblo, se dictó la lección inaugural de la instalación de la Mesa de Trabajo sobre Transparencia, Rendición de Cuentas y Calidad del Gasto Público, que se subdividirá en cuatro temas: Seguridad y Justicia, Salud, Educación e Infraestructura y vivienda.

En esta lección inaugural participaron como invitados especiales el Licenciado Federico Linares, la Licenciada Raquel Zelaya, el licenciado José Alejandro Arévalo Alburez Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior y el Presidente del Congreso de la República, Diputado José Roberto Alejos Cámbara

9. 15/03/2011 Denuncia por la Manipulación en el Portal “Guatecompras”.

La presidenta de la Comisión Extraordinaria Nacional por la transparencia, así como diputados que la integran sostuvieron una reunión con el Subcontralor de Calidad del Gasto Público, Fernando Fernández y el Viceministro de Finanzas Públicas, Edgar Hernández, en la cual se denunció  que  información relacionada al Ministerio de Gobernación y a las publicaciones que realizan las Organizaciones no Gubernamentales y que había sido publicada a finales del año 2010 y a principios del 2011 en el Portal de Guatecompras, al realizar una revisión la segunda semana de marzo, la misma había desaparecido.

Los miembros del a Comisión hicieron entrega al Sub Contralor de Calidad del Gasto Público de los documentos que fundamentan esta manipulación y se solicitó que se lleve cabo un proceso de auditoría del este sistema que es muy importante para garantizar la transparencia en los procesos de contratación del Estado.

El Sub Contralor manifestó que existe en la Contraloría General de Cuentas una unidad especializada en dar seguimiento a las publicaciones en Guatecompras, la cual ya había identificado una serie de problemas tales como por ejemplo: adjudicaciones a proveedores inhabilitados, publicaciones de contratos como casos de excepción sin base jurídica, incumplimiento de plazos de publicación, etc.

Los representantes de la Contraloría General de Cuentas indicaron que evaluarían este  nuevo hallazgo para las acciones administrativas y penales que correspondan.

10. 23/06/2011 Reunión de Fiscalización del Mantenimiento de la Red Vial :

Los miembros de la Comisión se reunieron con el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Jesús Inzua,  con el Viceministro Administrativo y Financiero del Ministerio de Comunicaciones, Otto Efraín Ordóñez, el Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), Alfredo Cóbar,  y con representantes del Colegio de Ingenieros, para hablar de los problemas que se han dado en las contrataciones del Ministerio, especialmente las contrataciones sin respaldo presupuestario.

El Ministro de Comunicaciones manifestó que este problema se ha dado por las contrataciones que se llevaron a cabo no sólo en el año 2010, relacionados con la atención de la emergencia tormenta tropical Aghata sino también por el proceso de reconstrucción que según estimaciones del Ministerio podría ascender a Q7,000M.

La Presidenta y los Miembros de  la Comisión solicitaron al Ministro el envío de un detalle de las contrataciones que no cuentan con respaldo presupuestario, de la deuda actual del Ministerio constituida  por trabajos realizados pero no pagados por falta de disponibilidad presupuestaria, además del listado de las contrataciones que corresponden al año 2011.

El Ministro Inzua manifestó que en el año 2011 no deberían existir contrataciones sin respaldo presupuestario ya que en la Ley General de Ingresos y Egresos correspondiente a este año se incluyó  como obligatoria la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria, la cual debe ser entregada a los contratistas al momento de la firma del Contrato.

11. 18/07/2011 – Reunión con el Directivo de el Programa Mi Familia Progresa.

Los miembros de la Comisión citaron al Director del Programa Mi Familia Progresa preocupados por el hecho de que se tiene información de que se han enrolado más familias de las que pueden ser cubiertas por el presupuesto del Programa correspondiente al año 2011, lo que podría provocar un colapso del mismo.

Se dio inicio a la reunión cuestionando al Señor Director del Programa Mi Familia Progresa Neftalí Hernández sobre la información que se tiene de dicho programa la cual es la siguiente: Dicho programa presentó la información oficial con las siguientes cifras: Al presente mes, hay 884, 415 familias beneficiadas en total, a las cuales se les otorga una transferencia condicionada MENSUAL de Q300.00 (Q150.00 por los rubros de salud y educación). Los datos oficiales son que las familias beneficiadas con bono de Educación y Salud son 671, 893 familias, esto quiere decir que si estas familias reciben mensualmente Q300.00 el presupuesto mensual que debe manejar el programa es de Q201, 567, 900.00 Millones de quetzales, lo que se resume en Q2, 418, 814, 800.00 al año.

Las Familias que solo tienen bono de SALUD son 212,522 las cuales reciben una transferencia mensual de Q150.00, es decir que mensualmente para cubrir este monto, el programa necesita Q 31,878,300.00 y anualmente necesita Q382,539,600.00  Sumando   ambas cifras, tenemos un total de Q2, 801, 354, 400.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS UN MIL MILLONES, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS).

Con el presupuesto asignado para el año 2011 para el Programa Mi Familia Progresa el cual es de Q1,026,000.00 sólo hay recursos para atender con bono de Educación y Salud, es decir con transferencias mensuales de Q300.00 a  285,000 FAMILIAS.

En virtud de la información anterior, los miembros de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia mostraron gran preocupación debido al déficit que maneja dicho programa y que resulta en un grave problema por las implicaciones que tiene para las familias enroladas y por el incumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto que claramente indica que los funcionarios no podrán incluir dentro de los egresos gastos que no tengan el correspondiente crédito presupuestario.

Se acordó que dicha reunión el envío de una carta a la Contralora General de Cuentas Licenciada Nora Segura del expediente completo de los hallazgos realizados por la Comisión para que sea la institución que ella dirige la que lleve a cabo la auditoría correspondiente,  por ser la entidad responsable, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la República, y para que presente las acciones administrativas y penales que correspondan en este caso.

12. 9/08/2011 Comisión Recibe Informe Hidrogeológico de la Mina Marlín.

Los miembros de  la Comisión se reunieron con autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y de Energía y Minas para recibir  el informe final del estudio hidrogeológico que fuera  solicitado por la comisión en octubre del año 2009,  en la reunión estuvieron Ministro de Ambiente, Luis Zurita  y el Viceministro de Energía y Minas, Ricardo Penington.

transcurso de la reunión se mencionó que el estudio fue recomendado por los miembros de la Comisión.  Dicho estudio fue solicitado en el mes de octubre del año 2009 debido a que era muy importante determinar si los mantos acuíferos de donde proviene el agua de consumo de las comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, no se ven afectados por las operaciones de la Mina Marlin I. Las especificaciones técnicas y los términos de referencia para la elaboración del estudio fueron fijados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El estudio tomó más de un año en su elaboración debido a que el Ministerio amplió en dos oportunidades los términos de referencia. En el transcurso de la reunión el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales hizo entrega a los miembros de la Comisión de  una copia del dictamen técnico identificado con el Número 11-2011/URHYC/NM/wb, sobre el Asunto: Estudio hidrogeológico mina Marlín ubicado en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos, Guatemala con fecha 14 de Julio de 2011, emitido por la Unidad de Recursos Hídricos y Cuencas de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales por medio del cual se determina que el “agua utilizada por la mina Marlín I no se extrae de los pozos de las comunidades aledañas”, en el documento presentado y que forma parte de la presente acta se establece que el estudio ha sido aceptado y que se puede determinar técnicamente que los mantos acuíferos someros de donde proviene el agua para el consumo de las comunidades no se ven afectados por los pozos utilizados por las operaciones mineras ya que el agua proviene de los acuíferos profundos. El estudio incluye una descripción  de la geología, climatológica, hidrología e hidrogeología local y regional, se presenta la localización geográfica de pozos que abastecen a la Mina, pozos de monitoreo, manantiales, la situación actual del abastecimiento, un inventario de los pozos mecánicos, calculo de bomba y almacenamiento, entre otros temas. La referida opinión técnica fue firmada por el Ing. M.Sc. Walter Arnoldo Bardales, Asesor URHyC, con el visto bueno de Mcs. Nadia Mijangos. El ministro Zurita y la Doctora Castro Modenesi manifiestan que con la aprobación del estudio se dio cumplimiento a la recomendación de la Comisión.  Los diputados presentes manifiestan que es muy importante que por parte de los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales y de Energía y Minas se proceda a darle  difusión al contenido del estudio y a sus resultados a los alcaldes y representantes de los dos municipios.  Las autoridades de ambos ministerios informaron que se programaría una presentación oficial del estudio a los integrantes de la mesa de diálogo presidida por el Vicepresidente de le República en la que participan las autoridades locales y representantes de las comunidades.

MESAS DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Abril  2011 a Agosto  2011

Durante los meses de Abril a Agosto del año 2011, la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia, llevó a cabo las mesas de Transparencia, Rendición de Cuentas y Calidad del Gasto Público.

Dichas mesas vienen a responder a la necesidad de fiscalización y de mejorar la planificación, la eficiencia, la efectividad, la transparencia, la fiscalización, la auditoria social y la evaluación por resultados del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado el cual es asignado a todas las diferentes entidades del Estado, pero por desgracia una buena parte de dicho presupuesto se ejecuta a través de contratos con proveedores privados, y se utilizan un sinfín de mecanismos para eludir los concursos públicos tales como la utilización de Organizaciones No Gubernamentales, Fideicomisos, etc.

Es evidente que en la contratación pública deben prevalecer los intereses colectivos sobre los intereses particulares lo que hace imprescindible la observancia de principios tales como la publicidad, la imparcialidad y la eficacia. En efecto, la garantía del cumplimiento de estos principios son los concursos públicos, las licitaciones y la adecuada regulación de los casos de excepción.

Profundamente preocupados por esta situación, diputados del Congreso de la República de Guatemala, representantes de diferentes organizaciones de la Sociedad Civil y representantes del sector público tomaron la decisión de conformar dichas mesa de trabajo, para analizar los mecanismos de contratación del Estado y la calidad del gasto público.

Se conformaron cuatro mesas de trabajo con el objetivo de analizar los problemas de las áreas de Educación, Salud, Seguridad y Justicia e Infraestructura y Vivienda además de una quinta mesa que se encargó de analizar las leyes que rigen la contratación pública y la necesidad de llevar a cabo reformas a las mismas. Sin bien se analizaron situaciones específicas en cada una de las áreas a lo largo de los 8 meses de trabajo, con reuniones periódicas durante todas las semanas, en cada una de las áreas las conclusiones y recomendaciones tienen como común denominador la urgencia de llevar a cabo todas las reformas que sean necesarias para erradicar la discrecionalidad en las contrataciones del sector público.

El manejo y ejecución de las contrataciones del sector público influencian en gran parte la confianza del ciudadano hacia el gobierno y por lo tanto debilitan o fortalecen la democracia.

Dado su origen en el patrimonio público y su finalidad dirigida a la satisfacción de necesidades de interés general todas las actividades en torno a las cuales se desenvuelve la contratación pública deben estar debidamente reguladas.  En la contratación estatal el espacio para la discrecionalidad no debe existir.

Considerando el altísimo nivel de discrecionalidad que se observa en los proceso de contratación en Guatemala y que se evidencia en el siguiente cuadro, Diputados y diputadas como representantes del pueblo de Guatemala y cumpliendo con su función de control político y de legislar convergen con miembros de la sociedad civil y tomadores de decisión para impulsar  los cambios legales que son necesarios para fortalecer  las instituciones y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto público.

Se conformaron cuatro mesas de trabajo en el mes de abril, para tratar los temas relevantes de la calidad del gasto público en las áreas de salud, educación, infraestructura y vivienda y seguridad y justicia, además de una quinta mesa cuyo trabajo se centró en analizar las reformas legales que son necesarias para estructurar  una agenda legislativa que esté orientada a la erradicación de la discrecionalidad y a garantizar mecanismos transparentes de contratación. Las mesas entregaron el pasado 19 de septiembre al Presidente del Congreso los resultados del diagnóstico que llevaron a cabo y las conclusiones y recomendaciones que es necesario impulsar.

MESAS DE TRABAJO:

Mesa de Educación

CONFORMACION DE LA MESA

En la mesa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Calidad de Gasto para el Tema Educación, se contó con la participación de Diputados y Diputadas representantes de la Cámara de Industria de Guatemala, Cámara de Comercio, Fundación para el desarrollo (FUNDESA), Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Movimiento Cívico Nacional (MCN), Red Nacional por la Integridad (RNI), Movimiento Pro Justicia, Madres Angustiadas, Secretaría de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN), Empresarios por la Educación, Universidad del Valle de Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Consejo Nacional de Editores, de la Secretaría de Planificación Económica (SEGEPLAN), de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Ministerio de Educación.3

De conformidad con el Informe de la Agenda Legislativa de Transparencia y Calidad de Gasto Público presentado por la Comisión Extraordinaria nacional por la Transparencia, la mesa de educación estableció que “Guatemala no ha tenido los avances esperados en la cobertura universal con pertinencia cultural y calidad de la educación tal y como lo establecen los compromisos nacionales e internacionales. Los bajos porcentajes de niños y niñas que terminan la educación primaria, secundaria y diversificada, y, la baja cobertura en todos los niveles educativos, indican que Guatemala es un país con bajos niveles de competitividad y de productividad y que le niega a la mayoría de jóvenes la oportunidad de un empleo digno y bien remunerado”.  Y en virtud de lo anterior, se presentaron las siguientes recomendaciones y conclusiones:

Presupuesto y Fuentes de Financiamiento

En el Presupuesto General De Ingresos y Egresos correspondiente al año 2012 se deben asignar los recursos necesarios para garantizar i.) la contratación de los docentes, ii.) los mecanismos de supervisión, iii.) La alimentación escolar, iv.) Útiles escolares y  la disponibilidad oportuna de libros de texto y valija didáctica, v.) Plan de salud integral, vi.) becas, vii.) Profesionalización docente, viii.) Educación bilingüe e intercultural, ix.) Programas como escuelas del futuro o prevención del sida y la drogadicción y x.) Educación especial, por mencionar solo algunos.

Libros de Texto:

En los últimos ciclos lectivos se han presentado problemas por el atraso en la entrega de los libros de textos lo cual afecta el cumplimiento del pensum asignado y la calidad educativa.  La recomendación de la mesa para solucionar este grave problema es la siguiente:

Conformar el Consejo Nacional del Libro de Texto, con representantes del Ministerio de Educación, de las Universidades, de la sociedad civil especializada en temas educativos y de las empresas editoriales con el propósito de acordar los contenidos y seleccionar a las empresas editoras que cumplen con dichos contenidos.

Llevar a cabo ferias del libro de texto por parte de las empresas editoriales seleccionadas en cada uno de  los departamentos del país, de manera que los docentes acompañados de la comunidad educativa puedan seleccionar los libros que utilizarán durante el ciclo lectivo.

Infraestructura Educativa:

Se recomienda que se agilice la ejecución del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo para aumentar el número de aulas y reparar las instalaciones educativas que se encuentran deterioradas.

Para que el Ministerio de Educación pueda concentrarse en los aspectos estrictamente educativos se recomienda que suscriba convenios con la Unidad de Construcción de Edificios del Estado UCEE que pertenece al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda y que tiene la capacidad técnica de llevar a cabo los procesos de licitación y cotización y supervisión.  La modalidad de convenio interinstitucional tiene la ventaja de que el Ministerio conservará la rectoría necesaria para definir la ubicación y las características de la infraestructura escolar.  En estos convenios debe incluirse la obligatoriedad de que las empresas constructoras contraten personal local para generar empleo.

Refacción Escolar:

Parte de los problemas que se han presentado en los últimos tres años está referido al incumplimiento del Ministerio de la asignación de los recursos necesarios para garantizar la refacción escolar, por esta razón las recomendaciones de la Mesa son las siguientes:

El Ministerio de Finanzas Públicas debe dar prioridad a este rubro: Si bien una de las razones esgrimidas por el Ministerio de Educación por la falta de recursos para este rubro fue el impacto de los ciclos de recaudación tributaria, en reunión sostenida con el Superintendente de Administración Tributaria –SAT-, se presentaron las estadísticas de recaudación y se evidenció que la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no tiene los problemas de estacionalidad de recaudación que sí tiene por ejemplo el Impuesto Sobre la Renta, por lo que corresponde al Ministerio de Finanzas dar prioridad a estas asignaciones.

Fortalecimiento de la Comunidad Educativa:

La Comunidad Educativa integrada por padres de familia, directores, maestros y líderes locales debe ser fortalecida  para garantizar la descentralización del modelo de gestión.

Actualmente, la comunidad educativa tiene problemas para recibir los recursos que le corresponden y así garantizar la refacción escolar y la compra de la valija didáctica y los útiles escolares. Se recomendó iniciar el proceso de descentralización en todos aquellos establecimientos que cuentan con director e irla ampliando progresivamente siguiendo el proceso de nombramiento de directores que está previsto.

La gestión de la comunidad educativa debe ampliarse a la adquisición de los libros de texto con el mecanismo propuesto en este documento y al mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones educativas.

Finalmente, una de las recomendaciones que se dieron y que puede ser implementada de forma inmediata por el Ministerio de Educación es la utilización de formatos de liquidación por la compra de alimentos en los mercados cantonales para las refacciones escolares.  Esto facilitaría la adquisición de alimentos ya que es una práctica generalizada la compra de frutas y verduras en los mercados por accesibilidad y precio.

Calidad Educativa:

La calidad educativa requiere que los alumnos y docentes cuenten con instalaciones adecuadas y que tengan acceso oportuno a las valijas didácticas, útiles escolares y libros de texto, pero también requiere que se cumpla con el pensum de estudios y las horas y días de clase.  Por esta razón además de la disponibilidad presupuestaria que se requiere para las instalaciones y los insumos es importante que se lleven a cabo las reformas necesarias que garanticen que todos los días que se suspendan las clases estas se repongan para que no sean los alumnos los que sufran el efecto negativo de los paros en las actividades educativas.

Fortalecer la profesionalización de los docentes: es importante que se apruebe una Ley de la Carrera Docente para que los ascensos y bonos salariales estén asociados a la formación académica y a la calidad educativa. Esta Ley debe incluir la formación inicial, las capacidades y destrezas, los ascensos y un adecuado proceso de selección.

Mesa de Infraestructura y Vivienda

CONFORMACION DE LA MESA

En la mesa de Infraestructura y Vivienda participaron representantes de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, del Colegio de Ingenieros de Guatemala, de la Asociación de Contratistas del Estado, de la Asociación de Constructores de Vivienda, Cámara de Industria, Movimiento Cívico Nacional y de Acción Ciudadana Capítulo Guatemalteco de Transparencia Internacional así como el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda24, representantes del Ministerio de Finanzas Públicas, de la Contraloría General de Cuentas, de la Secretaría de Planificación Económica SEGEPLAN y de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-.

La Mesa llegó a la conclusión que  si bien con mucha frecuencia escuchamos hablar de la importancia del incremento de los ingresos del Estado, pocas veces se habla de la importancia y la urgencia de tomar medidas que garanticen la calidad del gasto público. Una mala calidad de  la infraestructura tienen consecuencias negativas porque encarece las operaciones del sector privado y se pierde la competitividad del aparato productivo en términos generales y les quita oportunidades de evolución y desarrollo a las comunidades que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, por esa razón la mesa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Calidad del Gasto Público en el Infraestructura y Vivienda concluye que es urgente que se cumplan con los siguientes objetivos:

a) Que se erradiquen las prácticas discrecionales en la contratación de la obra pública.

b) Que se lleven a cabo procesos de contratación de forma pública y transparente siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

c) Que se incorporen a la legislación vigente las mejores prácticas de planificación, contratación y evaluación de la obra pública para mejorar la calidad del gasto público.

Para alcanzar  los tres objetivos mencionados es urgente que se adopten las siguientes recomendaciones:

1. Prohibir la ejecución de obra pública a través de ONG’s
2. Prohibir la compra de materiales de construcción a través de ONG’s
3. Aprobar una ley que regule los Fideicomisos Públicos.
4. La Ley de Contrataciones del Estado debe regular la contratación pública.
5. La Constancia de Disponibilidad Presupuestaria debe quedar regulada en Ley.
6. Debe ser obligatorio el registro de las contrataciones multianuales y la continuidad de la obra pública.
7. Se debe fortalecer la legislación para obligar a todas las entidades a registrar la obra pública en el Sistema Nacional de Inversión Pública.
8. Creación de un Centro de Validación del Sistema de Precalificados.
9. Legislar sobre el ordenamiento del sistema de pagos a contratistas del Estado.
10. Regular las contrataciones en caso de emergencia.
11. Aprobación de la Iniciativa 3869 Ley de Vivienda.
12. Precios de Referencia.
13. Reforma de Guatecompras.
14. Es importante implementar la ley de Alianzas para el Desarrollo.
15. Es impostergable desarrollar un proceso de planificación estratégica de la obra pública a nivel nacional.

Mesa de Seguridad y Justicia

CONFORMACION DE LA MESA

Este grupo de trabajo fue integrado por Diputados del Congreso de la República, representantes de organizaciones nacionales e internacionales que tienen profundo conocimiento de este tema como lo son:  Madres Angustiadas, Movimiento Pro Justicia, Fundación Myrna Mack, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Centro de Estudios de Guatemala, ASIES, CIEN, Cámara de Industria, CACIF, Red Nacional por la Integridad, Un Joven Más, Movimiento Cívico Nacional.  Además durante las deliberaciones participaron representantes del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, de la Corte de Constitucionalidad, de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensa Pública Penal.

El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe anual respecto del gasto público en este sector mencionó que: “En la cotidianidad es frecuente identificar dos opiniones con  relación al uso del gasto público en seguridad. Una señala  que persiste una negligencia en las autoridades para utilizar  eficiente y eficazmente los recursos de que dispone; otra, que  el Estado no tiene ni la estructura institucional ni los recursos  humanos y financieros para cumplir adecuadamente con sus  funciones.”

En los últimos años, el Congreso de la República ha aprobado nuevas leyes o bien reformado las existentes ampliando las competencias y responsabilidades de las instituciones que conforman el sector justicia,               sin la necesaria ampliación de sus respectivos presupuestos.  En virtud de lo anterior, la mesa de Seguridad y Justicia propuso las siguientes recomendaciones:

Incremento de Presupuesto a las Instituciones responsables de la Seguridad y la Justicia.

Reconociendo la crisis institucional que actualmente se atraviesa los integrantes de la mesa recomiendan que en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del año 2012, se privilegie la asignación de recursos para la reforma y modernización de la Policía Nacional Civil y el fortalecimiento institucional de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, La Procuraduría General de la Nación, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, tomando en cuenta el funcionamiento sistémico de estas instituciones en la lucha contra la impunidad.

Así mismo se recomienda que para  la elaboración del presupuesto de los próximos 5 años se tomen en cuenta los planes estratégicos de cada una de las instituciones, los cuales deben incluir objetivos concretos que puedan ser fiscalizables y auditables por las entidades correspondientes y por la sociedad civil.

Así mismo, los integrantes de la mesa recomiendan que se incorpore a la legislación vigente normas de austeridad para que los recursos que se asignan vayan dirigidos al fortalecimiento institucional y a alcanzar los objetivos planteados y no para que se utilicen en prebendas de tipo personal o en gastos superfluos que no contribuyen en el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales de estas instituciones.

En lo que respecta al fortalecimiento de la Policía Nacional Civil es importante que se considere como prioritario el proceso de modernización, incluyendo dentro del mismo el fortalecimiento de la Policía Nacional de Investigación.

Otro de los aspectos que es importante mencionar es la necesidad de que las instituciones que conforman el sector Justicia puedan llevar a cabo procesos de planificación conjunta de ampliación de cobertura, de definición de objetivos estratégicos y de coordinación ya que existe una relación estrecha y un funcionamiento sistémico de todas ellas.

Reformas legales

Ley de Contrataciones del Estado:

Se recomienda una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado específicamente en lo relacionado a los casos de excepción  que se encuentran contemplados en el artículo 44, ya que ha habido casos importantes de una utilización inadecuada de estas excepciones no sólo por parte del Ministerio de la Defensa sino también del Ministerio de Gobernación en la compra de insumos y armas.

Es importante también incluir dentro de las reformas la prohibición de utilizar Organizaciones No Gubernamentales para la construcción de obras públicas.

Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos:

En materia de rendición de cuentas es necesario crear cultura dentro de las instituciones y en acompañamiento de herramientas de control como el Sistema Nacional de Inversión Pública  para poder garantizar transparencia. También se considera importante incluir mecanismos que garanticen la austeridad y la evaluación de resultados.

Fortalecimiento a La Contraloría General De Cuentas:

Finalmente, se considera muy importante aprobar reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas para fortalecer la capacidad de fiscalización de la institución y también para que exista un mayor grado de rendición de cuentas de la misma Contraloría sobre el desempeño de sus funciones.

Ministerio Público:

La Mesa considera importante hacer un llamado al Congreso de la República para que se proceda a aprobar la Ley de la Carrera del Ministerio Público, esta ley permitirá trabajar en la profesionalización del personal y en el fortalecimiento de la Institución.  Esta iniciativa de Ley está pendiente de un dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y se espera que la misma sea probada a la brevedad posible ya que alrededor de su contenido se han llevado a cabo varias reuniones técnicas.

Reformas Policiales:

La reforma policial es de urgencia nacional ya que en ellos recae la seguridad ciudadana y  además son parte de la investigación en conjunto con el Ministerio Público, por eso es importante que se le asignen los recursos necesarios, pero también es importante que se tomen medidas para que tanto los patrullajes combinados con la participación del ejército y la creación de un modelo de juntas locales de seguridad no debiliten a la Policía Nacional Civil en su presupuesto y en el cumplimiento de sus funciones. 

Reforma a la Ley Del Organismo Judicial:

La Mesa consideró importante separar la función administrativa del Organismo Judicial y la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Esto debido a que separando estas funciones se permitirá que la función de la Magistratura se pueda ejercer de mejor forma y no se ocupe  de la función administrativa como lo es actualmente.

Reformas Constitucionales:

1. Ampliar 72 horas del plazo en el que los detenidos deben ser presentados ante un juez.
2. Eliminar la limitación que afecta a los allanamientos, que ahora solo se pueden realizar entre las 6 y las 18 horas, para que se lleven a cabo en cualquier momento.
3. Revisión del Período de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad.
4. Que los Magistrados de las Salas de Apelaciones sean parte de la carrera judicial y no electos como actualmente se hace.

Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad:

Dentro de las reformas que se consideraron importantes de discutir e impulsar se encuentra la de prohibir a los Magistrados Suplentes de la Corte de Constitucionalidad el ejercicio de la profesión liberal

Mesa de Salud

CONFORMACION DE LA MESA

En esta importante mesa de trabajo participaron diputadas y diputados del Congreso de la República, así como representantes de la Conferencia Episcopal de Guatemala, el Centro de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Colegio Estomatológico, Centro de Estudios Guatemala, Asociación Guatemalteca de Enfermeras, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Red Nacional por la Integridad y el Observatorio de Salud; también participaron las siguientes instituciones: Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Organización Panamericana de la Salud, Colegio de Médicos y Cirujanos, Secretaria de Seguridad Alimentaria (SESAN) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (I.G.S.S.)

Los integrantes de la Mesa de Salud, llegaron a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. El Gobierno debe contraer  un compromiso explícito para invertir en salud como parte integral de una política de desarrollo  creando las condiciones que favorezcan la descentralización, la cobertura universal y la participación de los Gobiernos locales en programas de prevención.
2. Considerando lo anterior, la única forma de abordar el problema es de manera integral conociendo a fondo las determinantes sociales de la salud en cada comunidad priorizando a los grupos poblacionales más vulnerables y tomando en cuenta los ingresos, la calidad de la vivienda, saneamiento ambiental, agua potable, disponibilidad de alimentos, condiciones de trabajo y  acceso a la educación entre otros.
3. Cuando la mirada a los factores conducentes a la salud es amplia, muchas de las intervenciones que buscan modificar dichos factores quedan en la esfera de una acción interinstitucional que en la mayoría de los casos el Ministerio de Salud está llamado a liderar.

El Ministerio de Salud Pública tiene la obligación y responsabilidad directa de asegurar  el acceso equitativo a servicios de salud de calidad y programas de salud pública comprensivos y efectivos, pero con igual importancia, actuando e involucrando otros sectores del gobierno y de la sociedad civil.

1. La salud pública es un campo de acción social cuyos agentes incluyen especialistas y técnicos de salud y de otros sectores, los políticos, la academia, las organizaciones sociales, empresarios e instancias de la sociedad civil y de una manera relevante los Gobiernos locales.
2. Un aspecto central al marco es la cohesión social y la construcción de capital social es  reconocer que la mejora de las condiciones de salud de la población requiere de una acción y soporte colectivo.
3. El carácter estatal de la salud como principio, garantiza que las acciones de salud constituyan una obligación para el Estado, por lo tanto es urgente la definición de  políticas claras, planes estratégicos, planes operativos, objetivos de intervención por comunidad, especialmente en las comunidades más vulnerables.

1. El presupuesto en Guatemala se acerca a los Q 57,000 Millones de Quetzales, casi Q 18,000 Millones más que en el año 2007.  Según la información oficial de SEGEPLAN más de Q130,000 Millones se habrán invertido en infraestructura en los últimos 10 años, sin embargo, el sistema de salud se encuentra en crisis, esto demuestra que no hay priorización del gasto público, que no existe una adecuada coordinación interinstitucional y que los Gobiernos locales no están tampoco considerando a la salud como una prioridad.
2. Se requieren más ingresos en el Estado, se requieren más recursos para el Ministerio de Salud Pública, pero también se requiere un cambio en el modelo de gestión, con políticas claras que no sólo sean del conocimiento de Ministerio y de sus autoridades sino de toda la población, se requiere una acción coordinada interinstitucional para incidir en las determinantes de la salud.
3. Es necesario definir presupuestos per cápita para que se garantice la equidad, la desconcentración y descentralización de los servicios.
4. Es necesario implementar  metodologías para la evaluación del impacto de estas intervenciones.
5. Es importante llevar a cabo campañas de prevención y promoción focalizadas en grupos vulnerables, definiendo zonas de acción sanitaria con intervenciones urgentes para mejorar la nutrición, la producción de alimentos, el saneamiento ambiental en zonas geográficas definidas como prioritarias pero por sobre todo se quiere de acciones coordinadas directamente con las autoridades locales, con los líderes y con las comunidades.
6. La asignación y ejecución del presupuesto debe estar basado en la definición de metas y actividades específicas que contribuyan a alcanzar objetivos sanitarios claramente definidos y en la implementación de programas de participación y empoderamiento comunitario.
7. Es necesario incrementar  progresivamente el presupuesto del Estado  hasta alcanzar como mínimo el 4.5 % del Producto Interno Bruto PIB en gasto público en salud. Los Gobiernos locales y los Consejos de Desarrollo deben contribuir a alcanzar este objetivo.
8. La Ley de Contrataciones del Estado permite que las entidades responsables importen de insumos y medicamentos a precios más accesibles y en mejores condiciones para el Estado cuando los proveedores locales no son capaces. La correcta utilización de los mecanismos de compra que tiene la Ley de Contrataciones es  especialmente importante en aquellos casos en los que contribuyen a la atención de las enfermedades crónicas y catastróficas.
9. Así mismo se recomienda establecer los mecanismos necesarios  para que las instituciones del sector salud puedan adquirir insumos y material médico quirúrgico por medio de mecanismos más expeditos ya que muchas veces se presentan emergencias hospitalarias que no pueden ser atendidas debido a fallas en los equipos que deben ser sustituidos.
10. Es importante y necesario que se establezcan criterios para la presentación de las impugnaciones ya que muchas veces estas acciones paralizan innecesariamente los procesos de contratación.
11. 17. Finalmente, se considera muy importante aprobar reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas para fortalecer la capacidad de fiscalización de la institución y también para que exista un mayor grado de rendición de cuentas de la misma Contraloría sobre el desempeño de sus funciones.

Los integrantes de las mesas consideran que dado su origen en el patrimonio público y las finalidades del presupuesto que están dirigidas a la satisfacción de las necesidades de la población, especialmente la que vive en situación de pobreza y pobreza extrema, a mejorar las condiciones de competitividad y a elevar el nivel de desarrollo humano, todas las actividades relacionadas con las contrataciones públicas deben estar debidamente reguladas.  En la contratación estatal  no debe haber espacio para la discrecionalidad.

Además de lo anterior, en la contratación pública deben prevalecer los intereses colectivos sobre los intereses particulares lo que hace imprescindible la observancia de principios tales como la publicidad, la imparcialidad y la eficacia. La garantía del cumplimiento de estos principios son los concursos públicos, las licitaciones y la adecuada regulación de los casos de excepción.

El monto de la contratación pública en Guatemala alcanza alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, lo que representa un impacto importante tanto desde el punto de vista de la gestión estatal como desde la perspectiva de la economía nacional, por esta razón la honestidad y la pulcritud de los procesos son un  imperativo.

Por otro lado, la discrecionalidad en las adjudicaciones de los contratos públicos sólo conduce a la baja calidad del gasto público, a la corrupción y al enriquecimiento ilícito de  funcionarios públicos. Cuando existen espacios para la discrecionalidad también existen espacios para las presiones políticas que buscan contratos como una forma de pago de favores y de compromisos adquiridos durante las campañas electorales y como moneda de cambio para la aprobación de iniciativas de ley y de presupuestos desde el Congreso de la República.

En los últimos años en Guatemala la discrecionalidad en la contratación pública alcanzó niveles alarmantes,  como ya se mencionó anteriormente, en el año 2009, de acuerdo a un informe presentado por el propio Ministerio de Finanzas Públicas, el 84% de las contrataciones del Gobierno se llevaron a cabo sin respetar los procesos y procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y en el año 2010, de acuerdo a información de Acción Ciudadana, Capítulo Guatemalteco de Transparencia Internacional, los niveles de discrecionalidad alcanzaron un 90%.

Los mecanismos que se utilizan con mayor frecuencia para eludir los concursos públicos son la firma de Convenios con Organizaciones  No Gubernamentales y la utilización de Fideicomisos Constituidos con Fondos Públicos.

El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se incrementó en más de Q14,000,000,000 (Catorce mil millones de Quetzales) con respecto al presupuesto del Gobierno anterior, sin embargo este incremento no se reflejó en mejores condiciones de vida para los guatemaltecos y guatemaltecas, lo que pone en evidencia que no se debe pensar únicamente en incrementar los ingresos del Estado sino también y con sentido de urgencia en mejorar la calidad del gasto público.

El resultado del trabajo de todos los participantes es un documento que contiene un análisis de la situación actual y una serie de conclusiones y recomendaciones entre las cuales es importante destacar las siguientes: Es urgente, erradicar la discrecionalidad en el gasto público, establecer los mecanismo necesarios para la elaboración de un presupuesto con objetivos claros de forma que se puedan medir y evaluar los resultados en cada área, fortalecer los mecanismos de descentralización, mejorar la precalificación de los proveedores del Estado, establecer mecanismos que estén orientados al ordenamiento de los pagos a los proveedores, Incorporar el principio de austeridad en la ejecución del presupuesto y definir  procedimientos  claros para los proceso de contratación para los casos de excepción y de emergencia.

Además de lo anterior es importante mencionar que en todas las mesas se consideró necesario fortalecer el papel de fiscalización de la Contraloría General de Cuentas que no actúa de la forma que le ordena la Constitución Política de la República y la Ley que la rige en casos de flagrante violación de lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, en la Ley de Contrataciones del Estado  lo que contribuye a la impunidad y a la recurrencia de la comisión de faltas e incluso de delitos que favorecen la corrupción y atentan contra la calidad del gasto público.

Si bien dentro de la erradicación de la discrecionalidad en la contratación pública se mencionó como una de las prioridades la prohibición de llevar a cabo contrataciones de obras públicas y la compra de insumos a través de Organizaciones No Gubernamentales, igual importancia tuvo la urgente necesidad de regular los fideicomisos constituidos con fondos públicos. Esta figura que está regulada en el Código de Comercio ha sido utilizada en forma sistemática no sólo para eludir la Ley de Contrataciones del Estado sino también para adquirir compromisos contractuales sin crédito presupuestario.

La discrecionalidad y la falta de controles también ha dejado espacios abiertos para que los funcionarios públicos adquieran compromisos sin las correspondientes partidas presupuestarias, como un ejemplo, sólo en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en los últimos años el monto de estos compromisos alcanza a más de Q 11,000,000,000 (Once Mil Millones de Quetzales).

Pero además de la discrecionalidad, la adquisición de una deuda a todas luces ilegal hay otro fenómeno que puede apreciarse en la obra pública y es la falta de registro y continuidad de la misma.  Es frecuente encontrar contratos suscritos con una antigüedad mayor a los cuatro años que tienen una ejecución no superior al 10%, siendo obras que fueron abandonadas por haber sido sustituidas por otras contrataciones, en la mayoría de los casos por presiones de tipo político.

Así mismo, se identificaron en las contrataciones llevadas a cabo a través de Organizaciones No Gubernamentales altos costos de intermediación, ausencia de especificaciones técnicas, ausencias de control de los avances financieros y físicos y conflictos de interés.  Los costos de intermediación en muchos casos se vieron incrementados por contrataciones realizadas por los Fideicomisos a través de Organizaciones No Gubernamentales.

Si bien en las Leyes Generas de Ingresos y Egresos del Estado de los últimos años  han incorporado normas presupuestarias que prohíben la utilización de Organizaciones No Gubernamentales esta normativa no sólo no se respeta sino que no se ha incluido en la misma a las Municipalidades  y  Consejos de Desarrollo que ejecutan alrededor del 45% del presupuesto total de inversión.

En materia de seguridad, con frecuencia se hacen acusaciones de corrupción y falta de transparencia en las adquisiciones realizadas por el Ministerio de la Defensa y por el Ministerio de Gobernación a través  de los casos de excepción. Sólo en los tres últimos años fueron denunciados y se encuentran en proceso penal cuatro casos de corrupción en la compra de combustible, materiales, armas e insumos para la Policía Nacional Civil y la construcción de una cárcel de máxima seguridad.

Además de lo anterior, han sido reiteradamente cuestionadas las adquisiciones que se hacen utilizando la Industria Militar por falta de transparencia sobre costos y la utilización de esta empresa estatal como  intermediaria para la adquisición de alimentos e insumos a través de terceros.

Esta   iniciativa de Ley busca  garantizar la transparencia y la calidad del gasto público a través de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de Contrataciones del Estado, Ley del Organismo Ejecutivo y Ley de Organizaciones No Gubernamentales.

Estas reformas tienen su fundamento en la Constitución Política de la República y en la Convención Interamericana contra la Corrupción de la cual Guatemala es parte y contiene mayoritariamente normativa de carácter penal y penal internacional, pero también contiene una serie de normas en materia administrativa que deben ser complementarias a las penales. En materia administrativa regula al: i) al funcionario público puesto que lo obliga a un desempeño correcto, honorable y adecuado de sus funciones; obliga a publicitar sus declaraciones de ingresos, activos y pasivos; y obliga a crear mecanismos que hagan efectivas las normas que regulan las conductas de los funcionarios públicos; ii) el sistema de contrataciones del estado deberá seguir los principios de publicidad, equidad y eficiencia, esto con el fin de proteger los recursos del estado y eliminar la discrecionalidad;  y iii) creación de órganos de control superior para  prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas corruptas, entre otros.

La adaptación programática de estas normas de derecho internacional es una obligación que tiene el Estado de Guatemala frente a la comunidad internacional y frente a los guatemaltecos ya que de no adaptarse debilitará cada vez más al Estado.

Dentro de los principios que la Convención contempla está el de austeridad, es por eso que se prohíben de forma terminante los gastos superfluos o innecesarios. Este principio  recientemente ha sido de obligatoria aplicación en la administración pública de otros países tal es el caso de España, que recientemente reformó la Constitución para aplicar este principio. En países como Colombia se han creado normas de austeridad en el gasto público, tal es el caso del Decreto 26 de 1998 en el cual se establecen disposiciones específicas como por ejemplo: i) la prohibición de gastos suntuarios, impresión o suministro de tarjetas de presentación, Navidad o conmemoraciones; ii) uso de vehículos oficiales y iii) gastos de representación en el exterior, entre otros.

En Guatemala no existe ninguna norma que obligue a los funcionarios públicos a utilizar los recursos con austeridad. Existe por lo tanto la necesidad de adecuar la legislación a este principio establecido en la Convención.

En nuestro sistema legal la Contraloría General de Cuentas tiene la función constitucional de fiscalizar “…los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos.”

Dentro del marco  de la Convención es necesario fortalecer esta institución para poder adecuarla a los estándares de anticorrupción regionales, y para eso es necesario brindarle a la Contraloría los mecanismos legales para hacer efectivo su labor de fiscalización y limitar la discrecionalidad de los funcionarios dentro de la Contraloría.

Para  erradicar la discrecionalidad en la contratación pública, mejorar la transparencia y la calidad del gasto público, además de armonizar la legislación guatemalteca con los compromisos internacionales, se considera importante  y urgente la aprobación de las siguientes reformas legales que conforman la Agenda Legislativa para la Transparencia y la Calidad del Gasto Público:

Reformas a la Ley de la Contraloría General de Cuentas:

Obligatoriedad de realizar Auditoria física de la obra pública y no sólo documental para que se verifique la existencia de la obra, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad de las mismas.

Eliminación de la facultad de reducción de multas por parte del Contralor General. La facultad del Contralor General de cuentas de reducir las multas a los funcionarios púbicos por incumplimiento a las normas vigentes constituye un mecanismo de negociación política y no técnica y es además fuente de impunidad y corrupción.

Fortalecimiento del régimen sancionatorio indicando que deben aplicarse las sanciones de la Ley de Contrataciones del Estado o la Ley Orgánica del presupuesto cuando corresponda.

Publicidad absoluta de la información relacionada a los proceso de auditoría en cualquiera de las etapas del proceso.  Hoy por hoy existe en la normativa vigente la posibilidad de mantener confidenciales los hallazgos de la Contraloría hasta la presentación del informe final al Congreso de la República, lo cual vulnera los principios de transparencia y máxima publicidad que de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala deben mantener los actos de la administración.

Creación de un consejo consultivo. Orientado al fortalecimiento institucional y a la identificación de fortalezas y debilidades en el proceso de fiscalización.

Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado:

Se incorporan como sujetos obligados los fideicomisos constituidos con fondos públicos. En  la actualidad los fideicomisos constituidos con fondos públicos son los que sirven de mecanismo para eludir la Ley de Contrataciones del Estado y para la adjudicación de obras y compra de suministros e insumos de forma discrecional.

Se incorpora como obligatorias las Constancias de disponibilidad presupuestaria. Esta disposición busca evitar la adquisición de compromisos contractuales sin respaldo presupuestario.

Precios de Referencia: Para establecer los precios de referencia y la aprobación de fluctuaciones de precios se establece como base los precios registrados por el MCIV y el INE, los cuales deben estar publicados en GUATECOMPRAS.

Inconformidades: se suspenderán los procesos de licitación y cotización únicamente cuando medie orden de juez competente, esto evitará el abuso que se comete actualmente cuando las inconformidades congelan proceso de licitación o cotización con el objetivo de que prevalezcan las compras directas.

Se definen criterios de contratación  para los casos de emergencia garantizando la imparcialidad, la libre competencia, los precios de referencia y la contratación a través de empresas precalificadas.

Se establece la obligatoriedad de llevar a cabo los pagos a los proveedores basados en la antigüedad de la contratación y en el cumplimiento de las estimaciones, avances y entregas de las obras, insumos, servicios y suministros. Esto evitará la corrupción en los procesos de pago.

Centro de Validación: Para la verificación de la capacidad técnica y financiera de las empresas precalificadas para obra pública se conformará un centro de validación. Esto impedirá que empresas de ¨cartón¨ sean beneficiadas con contratación es del Estado.

Requisitos para ser proveedor del Estado: El Ministerio de Finanzas Públicas deberá establecer los requisitos para el registro de los proveedores del Estado.

Los estados financieros que presente los proveedores del Estado para ser incluidos en los registros correspondientes deberá ser la misma que anualmente  presentan a la Superintendencia de Administración Tributaria.

Fraccionamiento: Se define técnicamente el fraccionamiento para evitar esta práctica  que vulnera los principios de transparencia.

Inhabilitación por incumplimiento de Contrato: Se establece una inhabilitación de cinco años para ofertar al Estado a aquellos proveedores cuyo contrato debió rescindirse debido a incumplimientos por causas imputables al contratista.

Se limitan los casos de excepción para las compras del Ejército: Las compras de armamento, municiones y equipo del Ministerio de la Defensa se podrá llevar a cabo como caso de excepción si es declaro de urgencia por medio de Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros. Como consecuencia de esta medida la Industria Militar y el Hospital Militar deberán llevar a cabo sus adquisiciones a través de licitaciones y cotizaciones públicas.

Se facilita  la compra de equipos Médicos: Se incorporan al régimen de cotización la adquisición de equipos médico quirúrgicos para que exista una mejor capacidad de respuesta en caso de compras emergentes.

Se fortalecen los mecanismos de compra para casos de excepción: En los casos de excepción se deberán llevar a cabo las contrataciones respetando los precios de referencia y con proveedores registrados.

Reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto:

Se incorpora como sujetos obligados los Fideicomisos Públicos, para que cumplan con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto.

Se incorpora el criterio de austeridad en el gasto público.

Se prohíbe la utilización de Organizaciones No Gubernamentales para compras de insumos o para la ejecución de obra pública: Se prohíbe la delegación de la contratación,  administración y ejecución de obras y la adquisición de bienes, servicios o insumos, a través de terceros, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, o de cualquier persona individual o jurídica de cualquier naturaleza.

Registro en el sistema Nacional de Inversión Pública: Se fortalece la obligatoriedad del registro de la obra pública en el Sistema Nacional de Inversión Pública.

Sanción por No dar continuidad a la Obra Pública sin causa justificada. El funcionario o empleado público que sin causa justificada incumpla con las obligaciones que le asigna el artículo 15 que establece la continuidad de  las obras y el registro multianual de las mismas cuando su ejecución tome más de un año será sancionado con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la asignación pendiente de programar.

Sanción por adquirir compromisos sin respaldo presupuestario: El funcionario público o empleado público que adquiera compromisos o devengue gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios o disponga de los créditos para una finalidad distinta a la prevista tal y como lo prohíbe el artículo 26 de la ley será sancionado con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del compromiso o gasto que exceda del límite de los egresos o cuya finalidad haya sido alterada.

MESA DE EDUACIÓN:

13. 20 de Septiembre 2011 – Entrega del Informe de las Mesas de Transparencia, Rendición de Cuentas y Calidad del Gasto Público al Señor presidente del Congreso de la República José Roberto Alejos Cámbara.

La  Presidenta de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia, Diputada Rosa María Ángel Madrid de Frade, expuso el trabajo que se realizó en las Mesas de Transparencia, rendición de cuentas y calidad del gasto público las cuales tuvieron cobertura para las áreas de educación, salud, seguridad y justicia, infraestructura y vivienda, y contaron con la participación de representantes del sector público y privado.

El documento contiene un análisis de la situación actual y una serie de conclusiones y recomendaciones entre las cuales es importante destacar que es urgente erradicar la discrecionalidad en las contrataciones del Estado y realizar una serie de reformas para garantizar la calidad del gasto público. La presidenta de la Comisión anunció la presentación de la Iniciativa de ley Para Erradicar la Discrecionalidad en las contrataciones del Estado y Mejorar la Calidad del Gasto Público, la cual recoge las recomendaciones de las diferentes mesas.

La Presidenta de la Comisión indicó que además de esta iniciativa de Ley es urgente que el Congreso de la República priorice en su agenda legislativa la probación de leyes relacionadas con el fortalecimiento del sector Justicia y de los sistemas de salud y educación.

En esta presentación también tuvieron participación, representantes de las mesas de calidad del Gasto Público como lo son la Licda. Carmen Aida Ibarra del Movimiento Projusticia, el Lic. Rodrigo Arenas del Movimiento Cívico Nacional, Licda. Verónica Spross de Rivera representante del CIEN y de los Empresarios por la Educación, el Ing. José René González-Campo representante de la Asociación de Contratistas de Obra Pública y el Doctor Walter Flores, Representante del Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza en los Sistemas de Salud (CEGSS) y  representante de la mesa de calidad del gasto público en  Salud.

Ante los resultados recibidos, el Presidente del Congreso de la República, Roberto Alejos, consideró la importancia de institucionalizar las mesas de diálogo, para que sean permanentes debido a la importancia de los temas y efectos positivos que se obtienen en base a las distintas discusiones. Es momento de tomar medidas que nos permitan mejorar el gasto público, hay que hacer ciertas Leyes en favor al tema de la transparencia, se deben modificar algunas normas presupuestarias  que eviten las transferencias.

PROCESOS LEGALES EN MATERIA DE TRANSPARECIA:

Con el objetivo de que se restituyera el derecho a la identidad, por ser este un Derecho Humano Fundamental, la Diputada Rosa María de Frade presentó las siguientes Acciones de Amparo a favor de las poblaciones de desarraigados que retornaron a Guatemala después del Conflicto Armado Interno y de los hijos de Guatemaltecos nacidos en el extranjero:

Amparos:

A. GUATEMALTECOS DESARRAIGADOS

Datos Generales

1. Expediente número: 23-2011
2. Presentado el 16 de febrero de 2011
3. Autoridad Impugnada: Director Ejecutivo del Registro Nacional de las Personas
4. Conoció en Primera Instancia: Sala Primera de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil
5. Magistrados:
   1. Juan Carlos Ocaña Mijangos (Presidente)
   2. María de la Luz Gómez Mejía (Vocal I)
   3. Sonia Judith Alvarado López (Vocal II)
   4. Conoció en segunda Instancia: Corte de Constitucionalidad
   5. Fecha de presentación: 04/07/2011
   6. Estado: por resolver

Resumen:

En Guatemala aproximadamente 40 mil personas tuvieron que refugiarse en México durante el conflicto armado. En virtud de esto, cuando se firmó la Paz y durante el proceso de la misma,  el Estado de Guatemala se comprometió a procurar que estas personas regresaran al país. Dentro de esos Acuerdos está el “Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado” en el cual se reconoce que la ausencia de documentación personal de la población desarraigada aumenta su vulnerabilidad y su acceso a servicios básicos y el ejercicio de sus derechos civiles y ciudadanos.

En virtud de estos acuerdos cuando se firmó la Paz se emitió la Ley Temporal especial de Documentación Personal, Decreto número 67-2000. Este decreto establece un procedimiento especial de registro para las personas desarraigadas, el mismo se amplía por un año más (52-2011)

Con la creación del Registro Nacional de las personas se ha desplazado a la Cédula de Vecindad por el Documento de Identificación Personal,  y el proceso de solicitud y emisión del mismo ha sido confuso y difícil. Para los guatemaltecos retornados  este derecho ha sido imposible de ejercitar y hoy por hoy no cuentan con un documento que los identifique. La Comisión tuvo conocimiento de esta situación en virtud de la Mesa de Identidad, este caso se estudio y se llegó a la conclusión de plantear acciones en contra de dicho Registro para restablecer este derecho.

Esto debido a que en el RENAP a esta población se les exige además de los documentos que le exigen a los demás una constancia de nacimiento guatemalteca, misma que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto aun y cuando estas personas YA están inscritas en los respectivos libros.

Por eso mismo se interpuso la acción de amparo. El amparo provisional fue denegado,  esta resolución fue apelada ante la Corte de Constitucionalidad pero la Corte tampoco lo otorgó.

En la primera audiencia el Director Ejecutivo del RENAP estableció que no existía legitimación activa, que hay falta de definitividad y que hay falta de agravio. El Ministerio de Relaciones Exteriores estableció que el Decreto Temporal 67-2000“…en ningún momento reguló los requisitos que tenía que cumplir los interesados para emitir para emitirle Documento de Identificación Personal, sin más trámite.” Durante el proceso ambas autoridades negaron la violación al derecho de identidad de las personas inscritas bajo la ley temporal. Se pidió Vista Pública y en ella la representante del RENAP evacúo de forma errónea confundiendo dos procesos que se llevaron en contra de dicha autoridad.

En la sentencia la Sala denegó el amparo estableciendo que no existía agravio. Se presentó apelación a dicha sentencia pero la misma no ha sido resuelta por la Corte de Constitucionalidad.

Sin embargo, la Comisión tuvo acceso al Acuerdo 45-2011 del Directorio Nacional de las Personas mediante el cual se rectifica el error y se establece que no hay necesidad de que estas personas presenten como requisito para obtener su DPI la certificación de guatemalteco de origen del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicho Acuerdo es posterior al amparo y fue emitido en virtud de la presión ejercida y para corregir las violaciones realizadas sin embargo la Comisión queda sumamente preocupada por la publicidad de este Acuerdo y que el mismo sea del pleno conocimiento de estas personas.

Así mismo, la Sentencia de la Corte Constitucionalidad

B. GUATEMALTECOS NACIDOS EN EL EXTRANJERO

Datos Generales

1. Expediente número: 01008-2011-00115
2. Presentado el 29 de marzo de 2011
3. Autoridad Impugnada: Director Ejecutivo del Registro Nacional de las Personas y Directorio del Registro Nacional de las Personas
4. Terceros Interesados: Ministerio Públicos, Procuraduría General de la Nación, Procurador de Derechos Humanos, Dirección de Migración.
5. Conoció en Primera Instancia: Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil
6. 6. La Sala otorgó el Amparo Provisional
7. La Corte de Constitucional en apelación rechazó el amparo provisional por haberse quedado sin materia por la Emisión del Registro Nacional de las Personas de una resolución.
8. Sentencia: resuelve sin lugar por haberse quedado sin materia

Resumen:

En el caso de los guatemaltecos nacidos en el extranjero pero inscritos tal y como establecía el Código Civil, decreto ley 106, vía consular también se descubrió en durante la Mesa de Identidad yen este caso la Comisión hizo un estudio profundo sobre la legalidad de que el Registro Nacional de las Personas les exigiera una certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores para probar su nacionalidad aun y cuando eran hijos de guatemaltecos e inscritos en el Registro Civil.

Las autoridades impugnadas en este caso fueron tanto el Director como el Directorio ya en ambos son responsables por este tipo de directrices.  Ya presentado el amparo, el Directorio del RENAP emitió el Acuerdo 25-2011 mediante el cual se eximía a las personas nacidas en el extranjero de este requisito. Sin embargo, al presentar su informe circunstanciado las autoridades impugnadas continuaban estableciendo la legalidad del requisito.  Por lo que se planteaba una contracción clara que suscitó dudas a la Comisión.

Por lo mismo se decidió ir a varias sedes del RENAP y levantar actas notariales en las cuales se estableció el desconocimiento del personal del RENAP de este acuerdo. Por lo que se volvió a pedir el amparo provisional a la Sala, la cual lo otorgó.

La sentencia de amparo resolvió que dicha acción quedó sin materia ya que se emitió el Acuerdo y con el amparo provisional se obligó a la autoridad a hacer del conocimiento de los registradores el mismo.  La Comisión continúa preocupada por esta situación ya que el RENAP no cumple con hacer público y de conocimiento de sus registradores esto. Hemos tenido denuncias de personas guatemaltecas nacidas en el extranjero  que aun van a dicho registro y no son atendidos en condiciones de igualdad.

C. ACCESO A LA INFORMACION

Datos Generales:

1. Expediente número:  78-2011
2. Presentado el 22 de marzo de 2011
3. Autoridad Impugnada: Directorio del Registro Nacional de las Personas
4. Terceros Interesados: PDH y Acción Ciudadana
5. Conoce: Sala Primera de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil
6. Apelación: ante la Corte de Constitucionalidad
7. Estado: pendiente de resolver

Conscientes de la problemática del Registro Nacional de las Personas en virtud de las elecciones 2011, la Comisión decidió pedirle cierta información al RENAP para que se beneficiaran aquellas personas que sin saberlo contaban con documentos de identificación personal con errores y que lo más probable era que no pudieran votar con dicho documento.

El 10/02/2011 se hizo una solicitud al Director Ejecutivo del RENAP en la que se pide: Un listado de todos los DPI entregados desde el 14 de dic. 2005 con los siguientes datos: el nombre, la fecha de nacimiento, el número de documento de identificación personal, vecindad, código único de identificación y número de cédula; Listado de todos los documentos que hubieran sido depurados y que se encontraron con errores o inconsistencias como: nombres mal escritos, lugares de nacimiento equivocados y cualquier otro tipo de error; El listado debe contener: nombres y apellidos, domicilio, fecha de nacimiento, número de documento persona de identificación, número de cédula en caso de que se trató de sustitución de cédula y tipo de error; Listado de todos los documentos de identificación que hubieran sido depurados y que se encontró que no tenían errores o inconsistencias. El listado debe contener: nombres, apellidos, domicilio, fecha de nacimiento, número de documento personal de identificación, número de cédula en los casos en que se trató de sustitución de cédula.

El 04/03/2011 se interpuso un recurso de revisión debido a que no se entregó la información tal y como fue requerida. El recurso fue declarado sin lugar por el Directorio en virtud de considerar que esta información había sido entregada en garantía de confidencialidad. Esta resolución es eminentemente contraria a la Ley de Acceso a al Información Pública, a la propia ley del RENAP y además obstaculiza la fiscalización.

Por esta razón se decidió plantear un amparo el cual en sentencia fue declarado sin lugar por considerar que no había legitimación activa. Por lo que se apelo y este recurso se encuentra pendiente de revisión.

Denuncias presentadas a la Contraloría General de Cuentas:

1. ONG´s No auditadas

En el mes de Marzo de este año, le fue entregada a la Contraloría General de Cuentas toda la documentación que comprende todas las Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones y Fideicomisos, que no fueron auditadas y que manejaron anómalamente fondos del Estado en el año 2009.   Como es deber de la Contraloría General de Cuentas la investigación de dicha información según su Ley Orgánica.

2. Mi familia Progresa

El programa Mi Familia Progresa, por razones político clientelares incorporó a                   599, 415 Familias sin contar con el presupuesto correspondiente.  Sin considerar los gastos administrativos del Fideicomiso, ni de personal, el Programa de Mi Familia Progresa tiene un DÉFICIT PARA ESTE AÑO DE Q 1, 775,354,400.00

El  20 de Julio se presentó denuncia a la Contraloría General de Cuentas para que se investigara esta situación, quienes confirmaron la información  además de  establecer que en el mes de octubre el programa colapsó financieramente, por no contar con los recursos para transferir las remesas ocasionado un impacto social negativo para todos y todas las beneficiarias.

1. Contratos firmados sin respaldo presupuestario y deuda Flotante del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

El 25 de abril  del 2011, se recibió del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, información relacionada a una deuda de Q3,000M que corresponde a obras ejecutadas pero no pagadas por falta de disponibilidad presupuestaria.

Así mismo, se recibió el listado de contrataciones por más de Q10,900M que se encuentran en diferentes etapas de ejecución pero que no se han continuado porque estas contrataciones se realizaron sin la correspondiente disponibilidad presupuestaria.  Estas obras se encuentran en este momento detenidas y corresponden a contrataciones llevadas a cabo en los últimos cuatro Gobiernos.

En virtud de que estas contrataciones pueden representar violación a dos normas contenidas en la Ley Orgánica del Presupuesto como son que los funcionarios públicos no pueden hacer contrataciones sin contar con el crédito presupuestario necesario y la de la obligación de dar continuidad a la obra pública, los miembros de la Comisión tomaron la decisión de enviar una nota a la Contralora General de Cuentas Nora Segura para que iniciara las auditorias que sean necesarias y que se proceda a realizar las acciones administrativas y penales que se deriven de las mismas.

SEGUNDO INFORME Y FINAL DE LAS LICENCIAS  MINERAS DE LA MINA MARLIN UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN Y SIPACAPA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y DE LA CEMENTERA UBICADA EN SAN JUAN SACATEPÉQUEZ EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Nacional Extraordinaria por la Transparencia atendiendo a la  solicitud del Presidente del Congreso, la cual está basada en el punto 7.2 del Acta de Acuerdos entre el Gobierno de la República, Presidencia del Congreso de la República y Representantes de las Comunidades de San Juan Sacatepéquez, para la Identificación y Habilitación de Soluciones a la Problemática Producida por la Cementera y la Actividad Minera, suscrito el 14 de julio del 2009, llevamos a cabo un proceso de análisis e investigación de otorgamiento de las licencias de explotación de la empresa cementera ubicada en San Juan Sacatepéquez del Departamento de Guatemala y de la Mina Marlín ubicada en los Municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa del Departamento de San Marcos.

Los miembros de la Comisión, dando fiel cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala que juramos defender al momento de asumir nuestros respectivos cargos, y amparados en las prerrogativas constitucionales que garantizan nuestra labor parlamentaria, presentamos al Honorable Presidente del Congreso el 23 de mes de octubre del 2009 un informe que contiene las conclusiones de nuestra investigación y una serie de recomendaciones que consideramos importante implementar para atender las preocupaciones de las poblaciones que se encuentran en el área de influencia de los referidos derechos mineros.

Tomando en cuenta  la importancia de este tema, y estando por concluir la Legislatura 2008-2012  los miembros de la Comisión tomamos la decisión de elaborar un informe final para analizar el  nivel de avance en la implementación de las  recomendaciones contenidas en el primer informe.

Para el seguimiento que corresponda por parte de las nuevas autoridades y los miembros de la Comisión de la próxima legislatura,  consideramos  importante hacer entrega de una copia del presente informe al Presidente del Organismo Legislativo  y a los Ministros de Energía y Minas, Gobernación, Ambiente y Recursos Naturales  y Trabajo y Previsión Social que han sido designados por el Presidente Electo Otto Pérez Molina. Para llevar a cabo dicha entrega, se designa  a la Presidenta de la Comisión.

El segundo informe y final fue entregado al Presidente del Congreso, José Roberto Alejos Cámbara el miércoles 21 de diciembre del 2011.

Este documento lo puede consultar  con gráficas en la sección de informes de la presente página.

Mediante la siguiente nota  Presidenta de la Comisión entrega archivo:

Guatemala 21 de diciembre de 2011

Diputado

José Roberto Alejos Cambara

Presidente

Congreso de la Republica

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para hacer de su conocimiento que en virtud de que la Comisión Extraordinaria no tiene sede, procedo ha hacer formal entrega del archivo de la misma, el cual consta  de 61 Leitz que contiene documentos, correspondencia, actas, dictámenes e informes en los cuales queda documentada la gestión de la Comisión que honre en presidir del año 2009 al 2011.

Este archivo esta acompañado de documentos en formato electrónico que contienen información sobre diferentes temas y sobre las audiencias publicas que durante ese tiempo llevamos a cabo.  Un listado acompaña el mismo para su fácil identificación y resguardo.

Señor Presidente, en cumplimiento de lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública  le solicito atentamente, que este archivo sea entregado al próximo  presidente o presidenta de la Comisión para consulta de los futuros miembros de la misma y para que este siempre disponible para la auditoria social.

Finalmente, quiero hacer de su conocimiento que cuando asumí la Presidencia de la Comisión  a principios del año 2009, no recibí ningún documento de mi antecesor.

Al agradecer la atención que la presente le merezca, me valgo de la oportunidad para reinterarle las seguridades de mi mas alta y distinguida consideración estima.

Rosa María Ángel de Frade

Presidenta

Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia

Ver nota de entrega con su correspondiente sello de recibido.

Mediante la siguiente nota Presidenta de la Comisión entrega a Presidente del Congreso el Inventario de Papelería y Útiles.

Guatemala 21 de Diciembre de 2011

Diputado

José Roberto Alejos Cambara

Presidente

Congreso de la República

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para hacer de su conocimiento que en virtud de que la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia no tiene sede y de que como medida de  austeridad no solicitamos en los últimos tres años asignación de personal administrativo, proceso ha hacer formal entrega del Inventario de Papelería y Útiles  que corresponden a la misma.

Señor Presidente tomando en cuenta, que uno de los principios que siempre hemos promovido es el de optimización en el uso de los recursos del Estado, le solicito atentamente que la papelería y útiles que le entregamos el día de hoy mediante lista, le sea trasladada al próximo presidente o presidenta de la Comisión.

Al agradecer la atención que la presente le merezca, me valgo de la oportunidad para reinterarle  las seguridades de mi mas alta y distinguida consideración y estima.

Rosa María de Frade

Presidenta

Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia

Ver nota de entrega con su correspondiente  sello de recibido.

El 21 de diciembre, la Presidenta de la Comisión Diputada Rosa María de Frade, hizo entrega al Presidente del Congreso Diputado José Roberto Alejos Cámbara del Segundo Informe y Final sobre el otorgamiento de las Licencias Mineras correspondientes a la Mina Marlín  ubicada en los Municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa del Departamento de San Marcos y a la Cementera ubicada en el municipio de San Juan Sacatepéquez, Departamento de Guatemala.

La diputada de Frade informó al Presidente del Congreso que las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Nacional Extraordinaria por la Transparencia atendiendo a la  solicitud que él hiciera, la cual estuvo basada en el punto 7.2 del Acta de Acuerdos entre el Gobierno de la República, Presidencia del Congreso de la República y Representantes de las Comunidades de San Juan Sacatepéquez, para la Identificación y Habilitación de Soluciones a la Problemática Producida por la Cementera y la Actividad Minera, suscrito el 14 de julio del 2009, llevaron  a cabo un proceso de análisis e investigación del otorgamiento de las licencias de explotación de la empresa cementera ubicada en San Juan Sacatepéquez del Departamento de Guatemala y de la Mina Marlín ubicada en los Municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa del Departamento de San Marcos.

La Presidenta de la Comisión indicó así mismo, que los miembros de la Comisión, dando fiel cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala que juraron defender al momento de asumir sus respectivos cargos, y amparados en las prerrogativas constitucionales que garantizan su labor parlamentaria, presentaron al Honorable Presidente del Congreso el 23 de mes de octubre del 2009 un informe que contiene las conclusiones de su investigación y una serie de recomendaciones que consideraron importante implementar para atender las preocupaciones de las poblaciones que se encuentran en el área de influencia de los referidos derechos mineros.

Tomando en cuenta  la importancia de este tema, y estando por concluir la Legislatura 2008-2012  los miembros de la Comisión tomaron la decisión de elaborar un informe final para analizar el  nivel de avance en la implementación de las  recomendaciones contenidas en el primer informe.

En este segundo informe los miembros de la Comisión  reiteran que la falta de atención por parte del Gobierno de la República  a los problemas ancestrales que aquejan a las comunidades de los Municipios de San Juan Sacatepéquez,  San Miguel Ixtahuacán  Sipacapa, especialmente a los relacionados con la falta de un adecuado sistema de suministro de agua, falta de asistencia en salud y educación y de infraestructura básica aunado a la falta de información sobre las características de los proyectos han sido en gran parte la causa del  éxito que han tenido las campañas de desinformación generadas por grupos que se oponen a los mismos.

Por lo anterior, las recomendaciones de este segundo informe van orientadas a las nuevas autoridades, para que son sentido de urgencia atiendan las demandas más importantes de las comunidades e instan a las partes a continuar un diálogo abierto y constructivo para lograr el adecuado equilibrio  entre la protección del medio ambiente, el respeto a los  derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades en general y el desarrollo integral que debe darse a través de la explotación responsable de los recursos naturales no renovables.

Así mismo, la Diputada de Frade manifestó los miembros de la Comisión ven con preocupación que no se ha avanzado en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo OIT con relación a la necesidad de que el Estado de Guatemala lleve a cabo la aprobación y promulgación de una normativa que regule y sistematice de manera particularizada y suficiente el derecho de consulta de las poblaciones indígenas.

Sobre el tema de las consultas, la sentencia contenida en el Expediente 3878-2007 de la Honorable Corte de Constitucionalidad en el Considerando IX incluye una exhortativa al Congreso de la República a que priorice dentro de la Agenda Legislativa la aprobación de una ley reguladora del procedimiento de consulta.  Por lo que este deberá ser sin duda un tema a tratar en la próxima legislatura.

También mencionó que el Congreso de la República no logró avanzar en la aprobación de una nueva Ley de Minería,  por lo que los miembros de la Comisión reiteran la urgente necesidad de que en la próxima legislatura se lleve a cabo una discusión amplia y técnica que permita contar con un marco jurídico que garantice lo siguiente, en los términos en que los términos que se detallan en el informe del 23 de octubre del 2009:

1. Consulta a los Pueblos Indígenas, Información y Diálogo Permanente.
2. Protección de Recursos Hídricos
3. Control y Fiscalización en el caso de descargas de aguas residuales.
4. Estudios Epidemiológicos antes, durante y después de las operaciones mineras.
5. Sistema Nacional de Información Minera
6. Consejo de Política Minera
7. Auditorías Ambientales
8. Fortalecimiento de las normas de explotación de canteras.
9. Normas para utilización de Productos Químicos y de explosivos.
10. Prohibición de efectuar actividades mineras en las áreas de recarga hídrica
11. Incremento de Regalías
12. Obligatoriedad de pagar el Impuesto sobre la Renta.
13. Incremento de Cánones.

La Presidenta de la Comisión indicó que, el informe contiene un análisis de los avances que se dieron en el cumplimiento de varias de las recomendaciones, especialmente las relacionadas a la instalación de mecanismos de diálogo y a la elaboración de algunos estudios técnicos y científicos.

En la sección de informes de la presente página, se puede encontrar una copia de este segundo informe y en esta misma sección copia de la nota de entrega al Presidente del Congreso, con su correspondiente sello de recibido.

Carta_de_Entrega_de Segundo Informe y Final

“PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA ENTREGA COMPUTADORA Y EQUIPO:

El 21 de diciembre a las 11:30 horas, la Diputada Rosa maría de Frade
hizo entrega al Presidente del Congreso del siguiente equipo, el cual
le fue asignado para el desempeño de sus funciones parlamentarias.

1. Computadora Tipo NOTEBOOK Portátil color negro modelo 4545S serie
CNU949121W Windows 7 en español, con su correspondiente maletín de
cuero HP.

2. Celular marca LG modelo GW620G, IMEI: 357916-03-0307603, S/N:
003KPPB030760, color negro, con el Numero 55232890 de la Empresa
TIGO. Con sus respectivos accesorios: cargador con cable usb, batería,
audífonos, memoria y manual de usuario.

3. Un dispositivo USB para Internet de la Empresa TIGO, modelo:
E156B,HSDPA USB Stick, FCC ID QISE156B,CE0682, IMEI: 3572222031706301,
SN: GK7NAB1992302894.

4. Dispositivo de control de Entradas y Salidas al Congreso de la
Republica Tag: 00102548 FCC ID: N3S2001B03 IC:4183A -12186

5. Tarjeta de acceso al parqueo 7 y 10 serie: 0103911473790-1

En virtud de que el equipo se encontraban en perfecto estado y
completo, la Sección de Inventarios del Congreso de la República
extendió a favor de la diputada de Frade certificación que indica que
ya no tiene a su cargo ni mobiliario ni activos fijos del Congreso de
la República

Esta certificación puede ser consultada en el archivo ubicado al final
de esta nota.”

Carta_de_Entrega_Computadora

Carta_de_Entrega_Celular

Finiquito